Devuelven a Afganistán a una familia que solicitó ser reagrupada en España hace dos años: “Si el trámite fuera más rápido, ahora podrían estar en un lugar seguro ”

Los procesos de solicitud de asilo nunca son sencillos. De hecho, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España rechaza el 60% de las peticiones. Y quienes lo consiguen, como en el caso de A.K., que llegó en 2017 desde Afganistán, tampoco lo tienen fácil a la hora de pedir la reagrupación familiar. Tras una espera de casi dos años, siete miembros de su familia han sido devueltos a Afganistán el pasado 9 de octubre desde Pakistán, pese a las graves amenazas y vulneraciones de derechos humanos que persisten en el país, más aún desde que el año pasado los talibanes regresaran al poder.

Se trata, concretamente, de su mujer, hijo e hija, madre, padre y dos hermanas que llevaban casi dos años atrapados en Pakistán, a la espera de una respuesta de las autoridades españolas que no llegó a tiempo para evitar el “fatal desenlace que pone en serio peligro sus vidas”, explican desde CEAR. La organización señala que, pese a tener acreditada la relación familiar con A.K. y tras presentar incluso pruebas de ADN que les pidió el consulado español, casi dos años después ninguna de estas siete personas había obtenido respuesta.

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En ese tiempo que se ha demorado la tramitación, indica CEAR, la familia ha tenido que prorrogar su visado en Pakistán en varias ocasiones hasta septiembre de 2023, si bien después las autoridades pakistaníes pusieron como fecha límite el 30 de noviembre para que las personas migrantes sin autorización abandonaran el país. Como consecuencia, el pasado 9 de octubre deportaron a más de 1.700 personas afganas a su país, entre ellas, la familia de A.K., que “pese a cumplir todos los requisitos para el estatuto de protección subsidiaria en España, han visto vulnerado este derecho y el principio de no devolución por los retrasos en la tramitación”, lamentan desde la organización.

“Si no hubiera habido una demora de casi dos años en tramitar esa extensión familiar, estas personas habrían venido a España manteniendo su permiso de estancia en Pakistán, es decir, en ningún momento se hubieran encontrado en situación irregular”, dice a Infobae España Elena Muñoz, coordinadora estatal de servicio jurídico de CEAR. “Indudablemente, ha habido una dilación indebida de la administración española que tiene consecuencias palpables en la vida de esas siete personas”.

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Falta de coordinación y problemas burocráticos

Muñoz explica que en los casos de extensión familiar solo hay que constatar que la persona migrante que está en España cuenta con el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, que lo concede el Ministerio del Interior, y comprobar que las personas en cuestión son su familia. Se trata de un trámite que en teoría debería ser sencillo, pero “la falta de coordinación entre las administraciones y distintos problemas burocráticos hacen que se extienda en el tiempo más allá de lo recomendado”.

“Esto tiene implicaciones prácticas tanto para las personas refugiadas como para sus familiares, porque están separados durante años cuando en realidad vivir en familia es un derecho reconocido tanto en la Convención de Ginebra como en nuestra ley de asilo”, indica Muñoz. Los familiares tienen ese derecho porque se extiende el estatuto de protección subsidiaria que tiene el refugiado en España, pero en este caso aún no se les ha concedido por retrasos de la tramitación, insiste la abogada.

Para CEAR el caso de A.K. demuestra una vez más la “necesidad urgente de agilizar los procesos de reagrupación familiar garantizando que toda solicitud sea registrada de manera rápida” y tramitada sin dilaciones indebidas. Para garantizar esa vía legal y segura, así como el derecho a vivir en familia, la organización reclama mejorar la comunicación entre los ministerios implicados, ampliar el número de familiares elegibles para la reagrupación, flexibilizar los requisitos para la solicitud, expedir visados y facilitar salvoconductos a las personas indocumentadas.

Recorte de libertades en Afganistán

Dentro de unos meses, estima Muñoz, España podría conceder ese estatuto de protección subsidiaria, pero entonces habría que solucionar una situación mucho más complicada: sacar a siete personas de un país como Afganistán donde la población, especialmente las mujeres, ha sufrido un recorte de libertades y de derechos humanos desde que en agosto de 2021 los talibanes volvieran al poder 20 años después de la invasión militar de la OTAN.

“Como A.K. cumple todos los requisitos, seguramente le acabarán concediendo la extensión familiar, pero veremos si entonces sus familiares pueden acudir a un consulado español a tramitar el visado”, porque actualmente en Afganistán no hay, recuerda la experta. “Lo analizaremos cuando llegue el momento”, añade.

A.K. llegó a España en 2017 y su solicitud de protección internacional no se resolvió hasta tres años más tarde, en 2020. Aunque en ese entonces los talibanes no habían regresado al poder, sí tenían presencia en la zona donde él vivía y varios miembros de su familia se habían visto afectados por las acciones armadas del grupo islamista, incluyendo algunas muertes, por lo que se le concedió la protección subsidiaria. Seis años después, A.K. tiene su propia tienda en España

Al igual que él, unos 2,3 millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo de Afganistán han huido a otros países, principalmente a Irán y Pakistán, debido a la inestabilidad y los conflictos de las últimas décadas, que han hecho que la población afgana desplazada sea una de las más numerosas del mundo.