Vox comenzará a actuar con la fuerza territorial que ha logrado tras las elecciones del 28 de mayo. Intentará incorporar el ‘pin parental’ y revisar todos los libros de texto para vetar contenidos sobre igualdad y educación afectivo-sexual en los cinco gobiernos en los que comparte coalición con el Partido Popular: Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla y León y Aragón.
También registrará iniciativas en el resto de parlamentos regionales para “abordar el fenómeno del adoctrinamiento en las aulas”, con el fin de poder incorporar el ‘pin parental’ en todas la autonomías, ha anunciado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa.
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“Tenemos un grave problema de educación en este país, hay libros de texto en todas las regiones donde hay un alto contenido ideológico. Hay libros con alto contenido de manipulación, donde se miente sobre realidades biológicas, científicas o antropológicas, y ha llegado el momento de decir basta”, ha espetado.
Por ello, instará con su fuerza territorial a revisar todos los currículos educativos para retirar el contenido de “adoctrinamiento”, en alusión a los contenidos sobre igualdad y la realidad afectivo-sexual que asegura que son “potencialmente dañinos” para los estudiantes. También tratará de incorporar la obligación de una autorización previa de los padres para que puedan vetar las actividades complementarias de los estudiantes en las aulas, así como formación “de cualquier índole”: “Deben permitir autorizar que reciban esta formación, igual que lo hacen cuando los niños acuden a una excursión”, ha aseverado Garriga.
Vox abrirá el debate en todos los parlamentos
Garriga ha avanzado que, además de negociar con el PP el pin parental en sus gobiernos de coalición, también registrará proposiciones no de ley (PNL) en todos los Parlamentos autonómicos para intentar abrir el debate. Ha detallado que el objetivo es poner fin “de forma inmediata” y a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, cualquier “intento de adoctrinamiento ideológico sobre los menores”, además de prohibir contenidos y materiales educativos que puedan “afectar a su inocencia”.
Para ello, promoverán también las modificación legislativas “necesarias” para “remover los obstáculos” en este sentido, para lo que tendrían que tocar los currículos educativos, sobre los que las autonomías deciden en un 50%.
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