España tendrá que pagar más por los fondos europeos: los costes vinculados se duplicarán por la subida de tipos

España ha pisado el freno con los fondos europeos. Así lo constata el Banco de España que afirma que, nuestro país tiene implementadas cerca del 60% de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -vinculado a los fondos europeos ‘Next Generation EU’-, mientras que las inversiones completadas no llegan al 10%. Un retraso que se suma al cambio de contexto monetario que han sufrido las economías europeas: cuando se lanzó este programa, los tipos de interés estaban en mínimos históricos, si bien en los dos últimos años han subido bruscamente, lo que, podría encarecer sobremanera los costes que tendría que afrontar España por la recepción de esos fondos.

Un informe reciente del Parlamento europeo sugiere que, debido a los elevados niveles actuales y previstos de los tipos de interés, los costes vinculados a los fondos podrían ser el doble de lo que se estimó inicialmente al inicio del ciclo presupuestario 2021-2027 de la UE. Con todo, desde el organismo se advierte de que el patrón de revisión a la baja de la absorción de fondos por parte de algunos Estados miembro apunta a riesgos significativos de que los objetivos de inversión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se cumplan plenamente en 2026.

Dados los elevados importes de inversión previstos para 2023-2026, especialmente en Italia y España, sería fundamental supervisar la capacidad de absorción en 2023 y años posteriores, teniendo en cuenta también el importante impacto previsto en las perspectivas macroeconómicas de estos países”, sugiere el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos en el artículo titulado El Semestre Europeo 2023 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

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En el informe se indica que si bien la aplicación de los planes de recuperación iba por buen camino a finales de 2022, algunos Estados miembro están comenzando a tener dificultades en la administración de los fondos, debido en parte a una capacidad administrativa limitada o a cuellos de botella en las inversiones.

Y es que varios países europeos han aplazado sus solicitudes de desembolso y algunos países llevan retraso en sus solicitudes de pago en comparación con los plazos indicativos de los acuerdos operativos. Además, la mayoría de los pagos aprobados hasta la fecha están asociados a la introducción de reformas vinculadas a cambios legislativos, que generalmente son más fáciles de implementar que las inversiones.

“Un claro ejemplo es España, con cerca del 60% de las reformas implementadas, mientras que las inversiones completadas no llegan al 10%. En algunos casos, las reformas estructurales requeridas se han retrasado”, ha señalado el Banco de España.

Reforma de las reglas fiscales

Todo ello estará marcado por un contexto en el que en 2024 deberá desactivarse la cláusula general de salvaguardia (CGS) del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), una vez que se consideran superadas las circunstancias excepcionales que justificaban su activación --la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania--. Ello deberá acompañarse de una reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea, que debería conducir a la adopción de un nuevo marco de gobernanza fiscal integrado en el Semestre Europeo.

La Comisión Europea publicó en noviembre de 2022 una comunicación con orientaciones sobre la reforma del marco fiscal europeo que ha dado lugar a una propuesta legislativa presentada el 26 de abril de 2023. El principal objetivo de esta propuesta es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible, integrador y resistente en todos los Estados miembros (EEMM) mediante reformas e inversiones.

Para facilitar la transición hacia las futuras normas fiscales y tener en cuenta los retos actuales, se han incorporado al actual ciclo de supervisión fiscal, a través de las recomendaciones específicas por país, algunos elementos de la propuesta. En el caso de España, las recomendaciones para 2024 incluyen un requisito cuantitativo que limita el crecimiento del gasto público nominal primario financiado con recursos nacionales al 2,6%, además de orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía.