UGT pide bajar la jornada laboral máxima a 35 horas en la próxima legislatura y subir el SMI por encima de los 1.200 euros

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha presentado este miércoles las cuestiones prioritarias a abordar desde las organizaciones sindicales con el futuro Gobierno cuando este se conforme. Las más reiteradas por la organización son la reducción de la jornada laboral máxima contemplada en el Estatuto de los Trabajadores (ET) y nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para alcanzar el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea.

El sindicalista ha pedido que el próximo Gobierno modifique el ET para rebajar la jornada máxima legal de las 40 horas semanales actuales a 35 horas. Esta reducción se haría sin recortar salarios, como sucedió la última vez que se modificó la norma (en 1984) para disminuir en cuatro horas la jornada laboral máxima. “Nadie planteó que al reducirse a 40 horas hubiera reducción de salarios”, ha recordado Álvarez.

UGT reconoce que los sindicatos no han podido plantear formalmente la reducción de la jornada laboral al Gobierno porque está en funciones. “A mí me gustaría que en este proceso de negociación de la investidura se hablara de estas cosas como condiciones”, ha afirmado Álvarez, pero ha asegurado que será “objeto de reivindicación” por parte de los sindicatos en la próxima legislatura.

Según ha explicado Álvarez, fijar la jornada laboral máxima en 35 horas allanaría el camino a negociar 32 horas semanales en los convenios colectivos. “Sin reducir la jornada máxima de trabajo es difícil ir a las 32 horas semanales en los convenios por la competencia entre las empresas y la comparación entre unos sectores y otros”, ha detallado. En este sentido, ha señalado que la jornada laboral promedio ya está en torno a las 37 horas semanales en España y ha afirmado con rotundidad que reducir la jornada no perjudicaría a la productividad. “Ayudaría a mejorar la productividad y para nada afectaría al empleo. Se continuaría creando en los mismos márgenes que se está creando e incluso podría ser que en determinados sectores afectara de manera positiva”, ha asegurado.

UGT cree que el SMI no llega al 60% del salario medio

La otra gran petición del sindicato para el próximo gobierno es que el SMI alcance el 60% del salario medio del país, algo que según UGT no sucede actualmente, con un SMI de 1.080 euros en 2023. En esta línea, ha criticado al grupo de expertos designado por el Ministerio de Trabajo en los últimos años para estudiar las subidas del SMI que necesita España: “Hay un organismo estatal que es la Agencia Tributaria, que ya sitúa cuál es el SMI y es sustancialmente superior al que define el grupo de expertos”.

Según los últimos datos de declaraciones de IRPF de la AEAT citados por UGT, el salario medio de España se sitúa en los 28.301 euros anuales, por lo que el 60% son 16.980 euros, lo que supone 1.213 euros al mes. “En todo caso, lo importante es el criterio”, ha incidido Álvarez en referencia a la metodología seguida por el grupo de expertos. “Ellos mismos reconocen las dificultades para poder llegar a conclusiones porque todos los parámetros que querían no estaban a su disposición”, por lo que, según Álvarez, esta vía se ha utilizado “porque no se quiere llegar a la cifra que nos tocaría” del SMI, que supera los 1.200 euros.

Además de subir el SMI, tanto UGT como CCOO quieren que las revalorizaciones se fijen en el Estatuto de los Trabajadores de manera que sean “automáticas, exactamente igual que la revalorización de las pensiones”. Si esto sucediera, el Gobierno decretaría cada año cuál es el nuevo SMI.

El “pleno empleo” no se consigue con un 8% de paro

Por otra parte, UGT ha avisado de que el desempleo de larga duración está aumentando en España porque “hay menos rotación” como “consecuencia de la reforma laboral”, aunque la solución no es “volver a la rotación” sino abordar el fenómeno del paro estructural. El líder del sindicato ha criticado que los servicios de empleo “no funcionan o funcionan con deficiencias” porque la Ley de Empleo, que no fue acordada con los agentes sociales, no ha solucionado los problemas históricos que acarrea. Entre ellos se encuentran el elevado número de parados para cada orientador (en torno a 2.200), que hace imposible una atención personalizada, y la falta de ofertas de vacantes por parte de las empresas.

En relación con el elevado desempleo, ha aclarado que las organizaciones sindicales no consideran que se alcance el “pleno empleo” con un 8% de paro, como ha señalado en numerosas ocasiones la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. “Podríamos empezar a hablar de pleno empleo cuando estemos en el entorno del 5% de paro y estamos muy lejos de esta cifra”, ha señalado Álvarez.