La sanidad pública de Galicia no practicará abortos. Al menos, durante los próximos tres años, con opción de llegar hasta cinco. El servicio gallego de salud (SERGAS) ha abierto un proceso de licitación para que una empresa privada gestione los procesos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de clínicas privadas, a pesar de que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero apeló recientemente a que las comunidades autónomas debían permitir que las mujeres abortaran en hospitales públicos.
El Gobierno del Partido Popular, liderado por Alfonso Rueda, mediante la Conselleria de Sanidade, alega en la licitación que esta derivación a empresas y clínicas privadas se debe a “la imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Servicio Gallego de Salud puedan prestar dicha asistencia con los recursos humanos, materiales y de infraestructura con los que cuenta en la actualidad”, aunque ningún informe ni ninguna evaluación oficial sostiene esta versión de la Xunta de Galicia.
“Es un flagrante incumplimiento de la ley. El Gobierno central debería recurrir al Tribunal Constitucional”, ha declarado a Infobae España el médico Marciano Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), con relación a un posible incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo diseñada por el Ministerio de igualdad y aprobada el pasado mes de febrero.
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El mismo Ministerio de Irene Montero reconocía en la exposición de motivos de la nueva norma que todavía se está “muy lejos” de garantizar que “el grueso de interrupciones voluntarias del embarazo” sea en centros públicos. La ley, por su parte, reconoce el “acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva”.
Galicia, camino a la “privatización” total de la sanidad pública
Con esta licitación de contrato quedarán cubiertas las Áreas Sanitarias de Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras, Vigo, Pontevedra, O Salnés, A Coruña, Cee, Ferrol, Santiago de Compostela, Barbanza, Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña.
“Hasta el momento, el SERGAS realizaba las derivaciones a clínicas privadas de forma excepcional basada en la urgencia vital”, sostiene la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que apunta también que “la Xunta sigue avanzado en la privatización del sistema sanitario público gallego”.
De esta manera, en Galicia se proveerán 805 servicios para practicar abortos de gestión privada pero de financiación pública. En total, el contrato es de unos 1,3 millones de euros con opción de llegar hasta los 2,5. La estimación de la Xunta establece el presupuesto para que cada aborto con fármacos cueste 350 euros y cada interrupción con instrumentales llegue hasta 570 euros.
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