La presunta compra de votos para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M ha empañado el final de la campaña electoral. Primero fue Melilla la protagonista, donde la policía detuvo a diez personas por una presunta operación de compra de votos por correo. Y después se produjo un efecto dominó en diferentes puntos de España, desde Huelva a La Gomera. Ante esta situación, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, ha encargado a Anticorrupción que asuma esta trama por la “gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, según queda recogido en un decreto firmado este jueves.
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En otras ciudades como en Mojácar (Almería) el caso está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. No obstante, en Melilla, al no existir esta figura, esta la era la Fiscalía ordinaria quien ha tomado cartas en el asunto, según han explicado fuentes judiciales a Europa Press. “Suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha Fiscalía Especial”, expone García Ortín en el escrito.
El decreto explica que la investigación de la Policía Nacional ha puesto de manifiesto la existencia de una operación “a gran escala” de compra de votos. En concreto, se abonaban entre 100 y 50 euros a una gran cantidad de ciudadanos y se alteraba así la mecánica legalmente establecida en el voto por correo. “Esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla”, se indica en el decreto.
¿Quién ha financiado la compra de votos?
Respecto a los responsables de estos supuestos delitos, el fiscal apunta que se trata de individuos que forman parte de una estructura organizada, que se habían planificado de forma previa, y que con esta compra de votos se ha financiado, supuestamente, “con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”.
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Así, estas actividades podrían ser constitutivas de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental, según queda reflejado en el decreto. Cabe recordar que por estos hechos la Policía Nacional ha detenido y dejado el libertad a unos nueve supuestos implicados en esta presunta trama de compra de votos para el 28-M. Los arrestados estarían vinculados a Coalición por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local.
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