
Para poner fin al colapso que lleva años produciéndose en las oficinas de la Seguridad Social, José Luis Escrivá ha puesto en marcha una serie de medidas a los que los trabajadores del organismo podrán sumarse, entre las que destaca un pago de 6 euros por cada cita que atiendan en más allá de su jornada laboral. Sin embargo, los funcionarios acusan un recorte de 500 euros en la paga extra, lo que sumado a la reducción de personal de las oficinas les ha empujado a ir a la huelga durante el presente mes de mayo.
Concretamente, los trabajadores señalan que, tras la entrada en vigor de las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, allá por el año 2010, los funcionarios de las administraciones publicas no han recuperado el recorte en la paga extra, que en el caso de los empleados de la Seguridad Social asciende a 500 euros. Esta situación se suma a la pérdida global del 18% del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.
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Ante esta merma del poder de compra de los funcionarios, los sindicatos han presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de revertir esta situación. “Esperamos que la mesa del Congreso de los Diputados esté a la altura de las circunstancias y autorice el trámite de recogida de firmas (se requieren 500.000 firmas para que las Cortes puedan debatir esta propuesta), teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos durante estos años y la importancia de su trabajo en la reciente pandemia” apuntan desde CSIF.
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Este sindicato asegura que se ha dirigido al Gobierno en reiteradas ocasiones para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, pero su propuesta no ha sido aceptada. “Entendemos que los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14% se podría afrontar este gasto” apuntan.
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Sin embargo, en vez de revertir esta situación, y reforzar la plantilla de la Seguridad Social, tal y como piden los sindicatos, Escrivá ha propuesto pagar a los trabajadores seis euros por cada cita –tanto presencial como telefónica– que atiendan durante sus horas extras. Concretamente, el Gobierno ha remitido una misiva a las direcciones provinciales para conocer cuantos trabajadores estarían interesados en participar en estas medidas enmarcadas en el nuevo Plan de intensificación de atención directa a la ciudadanía, que consiste en la realización de tareas de atención directa al ciudadano y que deberán realizarse fuera de la jornada laboral ordinaria –es decir, horas extra, en un horario entre las 16:00 y las 18:00, en los días en los que no haya horario de tarde– y siempre que se haya cumplido el volumen de la atención correspondiente a la jornada habitual.
El deterioro de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía ha llevado a los sindicatos CCOO y CSIF han anunciado la convocatoria para el 7 de septiembre de una jornada de huelga de 24 horas en todos los centros de la Seguridad Social, la primera en la historia del organismo, y convocarán paros todos los viernes de mayo, desde las 10:30 hasta las 11:30.
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“La falta de efectivos, el envejecimiento de las plantillas, el retraso en la gestión de prestaciones y el incumplimiento de leyes y acuerdos en materia de personal nos obligan a la convocatoria de la primera huelga en la historia de este organismo”, señalan ambos sindicatos, que critican que la “falta de compromiso” de Escrivá ha provocado una situación “caótica” ante la que no pueden sino “subir el nivel de reivindicación”.
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