A tres días de que finalice el plazo para que el Gobierno de España envíe el programa de estabilidad actualizado a la Comisión Europea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han desvelado que España propondrá una senda de reducción de déficit más rápida de la fijada hasta ahora.
El Ejecutivo ha terminado de diseñar el nuevo programa este jueves y la principal novedad es que adelanta en un año, a 2024, el objetivo de bajar el déficit sobre el PIB al 3%. Ambas ministras han justificado este adelanto en el “fuerte crecimiento y creación de empleo”, factores que permitirían absorber “cuanto antes” el impacto negativo de la pandemia y reducir de manera más acelerada las ratios de déficit y de deuda sobre el PIB. En esta línea, el Gobierno confía en la recuperación económica y descarta “aplicar recortes” para lograr los objetivos fiscales, según ha asegurado Montero en los pasillos del Congreso.
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El anuncio llega un día después de que el Ejecutivo comunitario presentara su propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal, suspendidas desde 2020 por la llegada de la pandemia de la covid-19. Las nuevas reglas fiscales entrarán en vigor en 2024 y exigirán que todos los estados alcancen, como máximo, un 3% del déficit y un 60% de deuda pública sobre el PIB, ratios que España supera actualmente.
Aunque la Comisión negociará con cada Gobierno planes fiscales específicos cada cuatro o siete años, se exigirán reducciones constantes de déficit y de deuda a los países más endeudados y se establecerán multas para los Estados que incumplan los objetivos. En concreto, a partir de 2024 la Comisión podría volver a abrir expedientes por déficit excesivo si se supera el 3% e imponer multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado incumplidor cada seis meses. Dado el acumulativo de las multas, esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5% del PIB.
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Un déficit del 4,8% y una deuda del 113,2%
Según los últimos datos definitivos de la Agencia Tributaria, las administraciones públicas españolas cerraron 2022 con un déficit del 4,8% del PIB, una cifra inferior a la comprometida por el Gobierno a la Comisión para el año pasado (el 5%) pero todavía elevada. Gracias al incremento récord de los ingresos (del 14,4% en 2022), España consiguió rebajar casi a la mitad el déficit tras la cifra de 2021 (6,9%) y de 2020 (10,1%).
Más alejada se sitúa la deuda española del objetivo que quiere Bruselas. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las administraciones públicas finalizó 2022 en el 113,2% del PIB. Aunque esta ratio deuda/PIB es inferior en cinco puntos porcentuales a la que registró España en 2021 (118,3%) y permite cumplir el objetivo fijado por el Gobierno para el pasado año, (el 115,2%), supone casi duplicar el objetivo del 60%. Por el momento, el Gobierno no ha hecho público el objetivo de reducción de deuda para los próximos años, aunque es uno de los detalles que deberán aparecer en la actualización de programa de estabilidad.
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Más allá de los objetivos del Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), considera que será complicado que España reduzca hasta el 3% del déficit o que la deuda baje del 100% del PIB “en ausencia” de medidas adicionales, más allá del crecimiento de la economía y del empleo. Según las ultimas previsiones del organismo (del 5 de abril) el déficit cerraría en 2023 en un 4,2% frente al 3,9% que prevé el Gobierno, como consecuencia del mayor gasto público con el que cerró 2022 y de la entrada en vigor de las nuevas medidas para paliar el efecto de la inflación, como la rebaja del IVA de ciertos alimentos y las ayudas de bonificación de los carburantes a algunos sectores profesionales. En cuanto a la deuda, la AIReF prevé una disminución en 2023 hasta el 110,6%, impulsada por el crecimiento nominal del PIB, una previsión mejor a la que tenía el Gobierno en el programa de estabilidad de 2022, del 112,4% del PIB.
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