La Unión Europea vigilará a España para evitar casos de corrupción con los millonarios fondos de asistencia que le envió

La Unión Europea ya ha enviado a España los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos que deben ayudar al país hispano a recuperar la senda del crecimiento económico. No será un dinero a fondo perdido, porque su uso será rastreado de forma minuciosa y estricta por las autoridades comunitarias para evitar usos incorrectos o indebidos. Lo que quieren evitar las autoridades europeas es que el Gobierno de Pedro Sánchez reproduzca el fiasco del ‘Plan E’ de Zapatero, un programa de inversiones públicas de 13.000 millones sin estrategia ninguna que terminó agravando la situación de las cuentas públicas españolas y provocando subidas del IVA y recorte del sueldo a los funcionarios.

Desde Bruselas se busca que España ponga en marcha un plan de inversiones enfocado a empresas y hogares combinado con reformas estructurales como la de pensiones o la del mercado de trabajo. De que se alcancen todos los objetivos programados dependen los sucesivos desembolsos, ligados a esas grandes reformas y también a la agenda ‘verde’ y digital.

Las labores de vigilancia sobre España van a ser extremas para evitar decisiones como dedicar un millón de euros de los fondos públicos para premiar con viajes al extranjero a cien autores, como se ha conocido esta semana. Precisamente, este primer caso es el que ha encendido las alarmas en Bruselas. La reacción de las autoridades europeas no se ha hecho esperar. Desde este mismo mes de Bruselas, dos funcionarios de Bruselas velarán ‘in situ’ para que las decisiones sean las correctas, según ha podido saber Infobae. Las visitas de estos técnicos serán muy frecuentes, tanto a La Moncloa, como al Ministerio de Hacienda.

Los pasos de Pedro Sánchez van a ser, por tanto, objeto de un control minucioso por parte de estos ‘hombres de negro’, que ya monitorizaron la economía española en 2012, durante la crisis financiera.

La Comisión ha reclamado que el plan de reformas comprometido se estructure y ejecute con un grado de detalle tal que permita después un proceso ágil de auditoría. Fue precisamente esta exigencia lo que retrasó un mes la presentación del plan por el Gobierno de coalición el pasado mes de junio. Control exhaustivo a España y también ocurrirá lo mismo con Italia, porque son los dos países europeos que recibirán más ayudas.

La primera remesa de 9.000 millones que ya está en la caja del Estado supone el 13% de los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que debe recibir nuestro país del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El resto hasta los 140.000 millones de euros comprometidos que percibirá nuestro país, si así lo decide y lo solicita, vendrá en forma de créditos en condiciones ventajosas. La primera entrega del ‘maná europeo’ viene, por tanto, ya condicionada a cómo se hayan empleado los primeros fondos.

Una vez analizados los deberes, España recibirá otros 10.000 millones este mismo año, en diciembre. Además, obtendrá entre 2021 y 2023, el 80% de las transferencias previstas, un ingente caudal que irá acompañado de otros 38.000 millones en concepto de fondos estructurales europeos. La magnitud del volumen de ayudas preparadas por la Unión Europea, que multiplican por cuatro las inyectadas el último lustro, y los problemas mostrados en España para asumir la última hornada de fondos comunitarios generan desconfianza respecto a la capacidad de digestión del dinero.

España es el único país de la Unión Europea que no ha establecido un control particular como sí han hecho otros estados miembros, bien implantando una autoridad independiente para el reparto y control de los fondos, bien desarrollando mecanismos existentes como el del reparto de los fondos de cohesión.

Este es el motivo por el que el control a España vaya a ser el más minucioso de entre todos los países europeos. Así, desde el minuto cero, el primer examen del cumplimiento de las ayudas tendrá lugar cada dos meses -de carácter bianual, habrá seis controles de este tipo al año-.

El siguiente de los controles será más imperativo, y vendrá al sexto mes desde la ejecución de los proyectos (dos controles al año). En esta caso, si en el plazo de los seis meses, el órgano de control detecta que el desarrollo de los proyectos no corresponde con los hitos y reformas, se puede producir por parte de la institución europea un reducción porcentual de la asignación.

Más severo será el control que llegue a los 18 meses, momento en el que la Comisión puede toparse con proyectos que se distancian de los objetivos señalados, y entonces, puede requerir la recuperación del dinero entregado hasta la fecha. Fuera de estos controles específicos, existe también el control del semestre europeo.

Con la inyección que supondrá el plan de recuperación, Gobierno y empresas se enfrentan a un reto descomunal, dado que han de ser capaces de poner en marcha miles de proyectos para evitar que una parte del dinero quede sin ejecutarse, como ha sucedido en el pasado con otros fondos europeos. Que el dinero no llegue a las pymes, con menos recursos para preparar los proyectos, es un gran foco de preocupación. Según el barómetro de los Gestores Administrativos de julio, solo el 14% de ellas tienen intención de acceder a los fondos europeos Next Generation EU. Entre las causas está la burocracia, la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, el poco entendimiento acerca de cómo pedir los fondos o la sensación de que no están dirigidos a ellas. De momento, los halcones que se instalan en España tendrán encuentros con el gabinete de Presidencia, donde se encuentra la unidad de seguimiento de los fondos europeos, creada por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Esta unidad es la encargada de dar apoyo técnico a la comisión interministerial que se ha creado para analizar y seguir la ejecución de los proyectos y de preparar los informes que se deben enviar periódicamente a Bruselas sobre el cumplimiento de objetivos.

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