El 35% de los hogares salvadoreños enfrenta hacinamiento crítico ante la falta de vivienda digna

Cerca del 35% de los hogares en El Salvador reside en condiciones de hacinamiento, una situación en la que tres o más personas duermen, cocinan y hacen toda su vida diaria dentro de un único cuarto de menos de 25 metros cuadrados.

El dato fue expuesto por el arquitecto e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Carlos Ferrufino, durante el espacio radial La Entrevista de la emisora YSUCA, donde remarcó que las familias enfrentan graves dificultades para conseguir un techo digno frente a un mercado dominado por construcciones caras y la falta de servicios básicos.

El hacinamiento representa uno de los problemas más críticos dentro del territorio nacional. De acuerdo con el censo de 2024 citado por Carlos Ferrufino, las familias no solo sufren por la falta de una casa propia, sino por las malas condiciones de las viviendas que ya habitan.

En el país existen unas 110 mil familias que deben compartir techo con otros parientes por no tener recursos para independizarse, pero el panorama es aún más difícil para quienes están atrapados en un solo ambiente reducido.

Esta falta de espacio se combina con la escasez de obras sanitarias. Alrededor del 60% de las casas en El Salvador carece de conexión a tuberías de aguas negras. Como resultado, millones de personas deben recurrir a fosas o botar sus aguas sucias directamente al aire libre, lo cual perjudica la salud de las comunidades y contamina las fuentes naturales.

A este panorama se suma que los vecindarios no tienen sitios verdes o recreativos que permitan salir del encierro doméstico. En las ciudades principales apenas existen tres o cuatro metros cuadrados de áreas públicas por vecino, cuando los estándares mundiales sugieren al menos diez metros cuadrados para garantizar una convivencia saludable.

“El problema es entender que la ciudad o todo lo que hay en la ciudad es una mercancía”, señaló Carlos Ferrufino en el medio radial para explicar por qué las constructoras levantan torres habitacionales de alto costo que la población trabajadora no puede pagar.

El país carece de un mapa nacional obligatorio para ordenar las construcciones

De acuerdo con el especialista, el desorden en los pueblos y ciudades salvadoreñas se debe también a la falta de reglas generales que se apliquen en todo el territorio.

Luego de los terremotos del año 2001, las instituciones formularon un plan nacional de desarrollo para fijar dónde levantar proyectos y qué sectores proteger, pero esa iniciativa quedó archivada y nunca se convirtió en una ley de obligatorio cumplimiento.

“A nivel nacional dicho plano no existe efectivamente. No hay un mapa de El Salvador donde nosotros podamos decir con precisión, con claridad en este lugar sí se puede construir, en este lugar no se puede”, explicó el especialista de la UCA.

Hasta ahora, la única herramienta técnica con peso legal es el esquema que maneja la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), que recientemente sumó bajo su control a los distritos de la zona costera de La Libertad.

Dicho documento clasifica los terrenos que pueden poblarse y los que deben resguardarse por su valor ambiental. No obstante, la aprobación final de los permisos de obra continúa sujeta a trámites administrativos internos tanto de esa oficina como de la Dirección de Ordenamiento Territorial.

Para evitar que los barrios tradicionales expulsen a sus habitantes originales por el alza de costos, el experto indicó que las autoridades deben tomar medidas directas en el mercado habitacional.

“La especulación inmobiliaria, que en el fondo es como el grado más avanzado de llevar a ese carácter mercantil al suelo, a la tierra, al espacio, excluye”, remarcó el investigador.

Frente a esta situación, se planteó que el Gobierno central y las municipalidades retomen programas de vivienda social accesible fuera del negocio privado, además de aprobar normativas que impidan transformar zonas habitacionales en locales comerciales y evaluar límites al precio del metro cuadrado de alquiler.