Panamá apunta a cerrar el año con 724 guardaparques para la vigilancia de las áreas protegidas

Panamá multiplicó casi cinco veces su cuerpo de guardaparques, pasando de 141 a 664 funcionarios activos, tras la incorporación de 523 nuevos guardianes ambientales.

El último refuerzo llegó con la graduación de 33 guardaparques que ya se suman a la vigilancia de las áreas protegidas del país.

Los nuevos egresados —30 hombres y tres mujeres— integran la Decimoctava Promoción del Curso Básico de Guardaparques. Completaron su formación en el Parque Nacional Camino de Cruces y desde ahora quedan habilitados para patrullar bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.

El país cuenta con 124 áreas protegidas que resguardan su biodiversidad y su patrimonio paisajístico y cultural.

De ese total, los guardaparques mantienen presencia activa en 64, lo que equivale a cerca del 95% del territorio bajo resguardo.

Más guardaparques significa más capacidad de vigilancia, monitoreo ambiental y prevención de delitos ecológicos, además de educación ambiental y trabajo conjunto con las comunidades que viven dentro o cerca de los parques nacionales.

De los 664 guardaparques activos en el país, 88 son mujeres. Con la llegada de las tres graduandas de esta promoción, la participación femenina aumentará a 9.

“Hoy reciben la confianza de Panamá. En cada patrullaje, jornada de vigilancia y actividad de educación ambiental, ustedes estarán al servicio del Ministerio de Ambiente y del Estado panameño”, dijo el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino.

El Ministerio de Ambiente fijó como meta alcanzar una fuerza operativa de 724 guardaparques para diciembre de 2026. La cifra implica sumar 60 funcionarios más a los 664 que ya están en servicio.

Ese crecimiento no se sostiene solo con la incorporación de personal nuevo. También depende de un esquema de capacitación permanente, tanto para quienes recién egresan como para quienes ya cumplen funciones en el terreno.

La Escuela de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) cuenta con 14 instructores activos y oficiales de cumplimiento, encargados de formar al personal que luego se distribuye en los distintos parques del país.

A través de la Oficina de Logística y Capacitación se desarrollaron 18 cursos de formación para guardaparques y 55 talleres de entrenamiento interno en distintas áreas protegidas. El trabajo incluyó además formación especializada fuera de Panamá.

Un total de 25 jefes de parques y áreas protegidas recibieron capacitación en la Universidad Estatal de Colorado, centrada en liderazgo, manejo de recursos naturales y administración de áreas protegidas.

Vallarino cerró la ceremonia con un mensaje dirigido a los nuevos egresados. “Hoy celebramos una graduación, pero también el inicio de una carrera de servicio, sacrificio y entrega”, afirmó.

Agregó que “Panamá deposita en estos hombres y mujeres una gran responsabilidad y una enorme confianza para proteger la naturaleza y cuidar el bienestar ambiental de las futuras generaciones”.

Cada delito ambiental representa una pérdida irreparable para la naturaleza. Ante esta amenaza creciente, el ministerio capacitó a jueces del Órgano Judicial para fortalecer el conocimiento y la correcta aplicación de las normas que protegen el patrimonio natural de Panamá.

La jornada buscó que los magistrados comprendieran cómo la entidad determina el valor de las afectaciones causadas al patrimonio natural. El objetivo fue aportar criterios técnicos y jurídicos que permitan establecer sanciones monetarias y respaldar decisiones judiciales vinculadas con infracciones ambientales.

El programa incluyó los fundamentos legales que rigen la protección ambiental y los parámetros técnicos que se aplican al momento de cuantificar un daño. También abordó los criterios económicos que sirven de base para fijar sanciones.

Uno de los ejes de la formación fue el incumplimiento de las medidas de mitigación previstas en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Los participantes revisaron los elementos que intervienen en la estimación de las multas cuando esas obligaciones no se respetan.

La institución explicó que la valoración ambiental requiere analizar las características del recurso afectado y el alcance de la infracción. Ese proceso busca dar sustento técnico a las medidas que se adopten dentro de los procedimientos correspondientes.