Centroamérica, expuesta al comercio ilícito por fronteras porosas y zonas francas sin control

Centroamérica funciona como corredor de tránsito, redistribución y consumo de mercancías ilícitas, según un informe de la organización TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito) que evaluó a siete países de la región mediante el Índice de Comercio Ilícito 2025.

El estudio examina 158 países a través de 37 indicadores agrupados en seis categorías, entre ellas tributación, marco regulatorio, facilitadores delictivos y control de fronteras.

La posición geográfica de la región, entre Sudamérica, Norteamérica, el Caribe y los mercados globales, favorece el comercio formal. Pero el documento advierte que esa misma ubicación multiplica las oportunidades para el contrabando, la falsificación y el lavado de activos.

Cómo mide TRACIT la resiliencia frente al comercio ilícito

El índice asigna una puntuación de 0 a 100 a cada país: cuanto más alto el número, mayor la capacidad de resistir el comercio ilegal.

Las seis categorías evaluadas incluyen entorno económico, aplicación de la ley, corrupción y crimen organizado, control aduanero, cadenas de suministro e indicadores sectoriales como tabaco, alcohol, medicamentos y delitos ambientales.

Costa Rica obtuvo el mejor resultado regional, con 51.2 puntos y el puesto 68 de 158 a nivel global. Le sigue Panamá, con 49.6 puntos y el puesto 81. En el otro extremo aparece Nicaragua, con apenas 33.3 puntos y el puesto 149, el peor de los siete países analizados.

El resto de la tabla la completan El Salvador (45.8 puntos, puesto 96), Belice (43.9, puesto 103), Guatemala (43.1, puesto 106) y Honduras (39.3, puesto 129). Todos permanecen muy por debajo de los líderes globales del índice.

Corrupción, informalidad y baja capacidad aduanera

El informe identifica un patrón que se repite en los siete países: fronteras terrestres, marítimas y fluviales con vigilancia insuficiente, escáneres limitados y poco uso de análisis de riesgo en las aduanas.

A eso se suman economías informales extensas, que actúan como redes de distribución para productos de contrabando y falsificados.

El documento también señala corrupción en aduanas, fuerzas de seguridad, autoridades portuarias y sistemas judiciales como un factor que reduce la efectividad de las leyes existentes.

La debilidad no se limita al comercio físico. El reporte advierte que la región tiene una regulación escasa sobre plataformas digitales, comercio electrónico y paquetería postal, lo que abre una vía adicional para la venta de bienes ilícitos con poco control.

Las zonas francas, principal punto de fuga

Dos zonas francas concentran la atención del informe como epicentros del problema: la Zona Libre de Colón, en Panamá, y la Zona Libre de Corozal, en Belice.

El documento describe la Zona Libre de Colón como un espacio con capacidad para ocultar mercancía ilícita entre carga legal, reempacar productos, alterar documentación y certificados de origen, y lavar activos mediante sobre o subfacturación. El propio informe la califica como un “Disneyland del contrabando”.

En Belice, la Zona Libre de Corozal presenta un patrón similar. El documento cita una cifra que ilustra la magnitud del problema: en 2021 habría existido una diferencia de 5,400 millones de cigarrillos sin contabilizar, cuando el consumo doméstico estimado era de solo 100 millones de unidades.

Esa brecha sugiere que Belice funciona principalmente como centro de reexportación ilegal hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador, más que como mercado de consumo interno para esos volúmenes.

En Panamá, el informe encuentra una contradicción similar: el país mejoró técnicamente sus normas contra el lavado de activos, con un 75% de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, pero solo alcanza un 30% de eficacia práctica en su implementación, según el documento.