El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel dictó penas de hasta 40 años de prisión a 81 miembros de la Mara Salvatrucha (MS) por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidios cometidos en distintos puntos de la zona oriental de El Salvador, según lo publicado este martes por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la FGR, los sentenciados operaban en varias localidades, entre ellas Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y otras zonas rurales y urbanas de San Miguel. Las investigaciones judiciales determinaron que los cabecillas y miembros activos de la estructura participaron en diversos crímenes, incluidas extorsiones, privaciones ilegales de libertad y asesinatos.
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Entre los hechos más graves, la FGR documentó el caso de un hombre que fue privado de libertad y posteriormente asesinado en un terreno ubicado a la orilla del río Grande, en la colonia Santa Inés, en marzo de 2014.
“Esta estructura operaba en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y otras zonas de San Miguel, donde cometían diversos crímenes”, expresó la FGR.
La Fiscalía atribuyó el éxito de las investigaciones y las capturas al uso de herramientas legales extraordinarias implementadas bajo el Régimen de Excepción. Según la institución, este marco legal facilitó la identificación y detención de los responsables, muchos de los cuales se encontraban prófugos y cambiaban de residencia para evadir a las autoridades.
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Justicia sanciona a integrantes de la Mara Salvatrucha por múltiples delitos
El fallo judicial incluyó penas diferenciadas según el grado de participación y jerarquía dentro de la estructura criminal. Los altos mandos de la pandilla recibieron sentencias de hasta 40 años de prisión.
La resolución del Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel se suma a otras sentencias recientes dictadas contra estructuras de pandillas por delitos cometidos en la última década.
Entre los hechos juzgados, la Fiscalía General de la República destacó el asesinato ocurrido en marzo de 2014 en la colonia Santa Inés. De acuerdo con el expediente judicial, los cabecillas de la Mara Salvatrucha ordenaron privar de libertad a la víctima, quien fue trasladada a un predio baldío a orillas del río Grande, donde posteriormente fue ejecutada. Este caso, junto a otros crímenes similares, fue clave para sustentar las acusaciones por agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.
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“El hecho ocurrió en marzo de 2014. Estos criminales fueron capturados gracias a las herramientas otorgadas por el Régimen de Excepción. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel”, manifestó la FGR.
El régimen de excepción en El Salvador fue implementado por el gobierno en marzo de 2022 como respuesta a un aumento en la violencia atribuida a las pandillas. Esta medida otorga facultades ampliadas a las fuerzas de seguridad, permitiendo detenciones sin orden judicial y limitando ciertos derechos constitucionales.
Entre los aspectos positivos que el gobierno de El Salvador atribuye al régimen de excepción se encuentran la disminución sostenida de los homicidios, la reducción de extorsiones y la recuperación de territorios antes controlados por pandillas.
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