La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso decisivo en la lucha contra la criminalidad al aprobar la ratificación de una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua como pena máxima para quienes sean condenados por delitos de homicidio, violación o terrorismo.
Esta modificación al artículo 27 de la Constitución de la República representa un giro en la política penal salvadoreña y obliga a replantear el marco legal secundario para evitar ambigüedades en la aplicación de la justicia, según informó el medio local.
El impacto inmediato de la decisión fue el aval otorgado con 58 votos de los legisladores a la enmienda, lo que modifica el inciso segundo del artículo mencionado.
La Comisión Política del órgano legislativo analizará la ratificación final y avanzará en la revisión de las leyes complementarias para asegurar la coherencia normativa.
La redacción modificada establece: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”, mientras se mantiene la prohibición para la prisión por deudas y delitos infames.
En la versión anterior de la Constitución salvadoreña, según el fragmento original, se prohibían expresamente “las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.
Con la reforma, únicamente los delitos de homicidio, violación y terrorismo, junto a los cómplices necesarios de estos crímenes, serán susceptibles de la prisión de por vida.
El Salvador busca endurecer su régimen penal para crímenes graves
La iniciativa para autorizar la cadena perpetua partió del Gobierno de El Salvador y fue presentada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el titular de Defensa, René Merino Monroy, quienes entregaron la propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
El estudio de ratificación contó además con los aportes sustantivos del ministro de Justicia y Seguridad, el ministro de Defensa Nacional, el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, así como el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Fernando Marroquín.
El paquete legislativo presentado junto con la reforma constitucional incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo.
El objetivo, detalló Villatoro, es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, lo que implicará un proceso de revisión y alineamiento normativo para garantizar que la estructura penal contemple la aplicación efectiva de la prisión perpetua para los delitos más graves.
El bloque específico de la reforma responde de forma autónoma a la interrogante sobre el alcance de la decisión: El Salvador establecerá la cadena perpetua como pena máxima exclusivamente para delitos de homicidio, violación y terrorismo, excluyendo expresamente a otras conductas como la deuda civil o delitos considerados infamantes por la doctrina jurídica nacional, según indicó el gobierno central.
La propuesta incluyó además el compromiso de modificar toda legislación secundaria vinculada, con el propósito de que no existan vacíos legales al establecer la prisión perpetua. Las autoridades involucradas subrayaron que la medida busca reforzar el sistema de justicia frente a los delitos que más daño ocasionan a la sociedad salvadoreña.
A lo largo del debate parlamentario y en la documentación oficial, se mantuvo la cita fundante que orienta el cambio constitucional: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”, frase que marca el alcance exacto de la nueva política penal avalada por la mayoría legislativa en El Salvador.
Países con pena perpetua
- Estados Unidos (excepto en Alaska, donde no existe)
- Argentina
- Perú
- Cuba
- Guyana
Algunos estados de México, como Chihuahua, permiten la cadena perpetua en casos específicos (por ejemplo, asesinato en secuestro).
La mayoría de los países de América Latina han abolido la prisión perpetua y establecen penas máximas de entre 25 y 75 años, según el país.
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