El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó la deportación de Walter Alexander Ceron-Linares, ciudadano de El Salvador y señalado por las autoridades como miembro activo de la pandilla MS-13.
Desde la oficina de ICE en Nueva Orleans, se ejecutó la expulsión del migrante salvadoreño, quien permanecía en territorio estadounidense de manera ilegal, según informó el portal de ICE este domingo. La agencia identificó a Ceron-Linares como parte de MS-13 durante el procedimiento administrativo.
Esta acción siguió a la deportación, anunciada el viernes anterior por la misma oficina de ICE en Nueva Orleans, de Edgar Pérez-Gutiérrez, también identificado como pandillero salvadoreño de la MS-13, quien lo acusan de que acumula antecedentes por robo de bienes y posesión de un arma.
Otra operación relevante se produjo en Maryland, donde la oficina local del ICE arrestó a finales de enero a Rubén Alonso Hernández Laínez, salvadoreño de 29 años, condenado previamente por agresión y violación en segundo grado en el condado de Frederick. Hernández ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2021; fue localizado por la Patrulla Fronteriza en Hidalgo, Texas en mayo de 2022, pero en ese momento quedó en libertad.
En febrero de 2025, un tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de tres años y cuatro meses de prisión, suspendida salvo por 18 meses, además de imponerle cinco años de libertad condicional supervisada. El 20 de enero de 2026, un juez de inmigración emitió la orden final para su deportación, que fue ejecutada posteriormente por el ICE.
Estrategia contra la criminalidad transfronteriza
En comunicados recientes, funcionarios estadounidenses han enfatizado que la ofensiva contra la MS-13 reúne delitos que afectan la seguridad nacional y están vinculados a fenómenos globales de migración y tráfico ilícito.
El Gobierno de Estados Unidos destinó USD 40 millones a la deportación de 300 inmigrantes hacia países distintos a sus lugares de origen durante el último año, en una práctica que, según un informe del comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, eleva el riesgo de ampliar este tipo de expulsiones ante la creciente retirada de beneficios migratorios como el TPS. La investigación, firmada por los senadores demócratas y divulgada por EFE, sostiene que el monto efectivamente gastado podría ser aún mayor y advierte sobre posibles consecuencias negativas tanto humanitarias como diplomáticas.
Más de USD 32 millones transferidos a cinco países receptores de deportados
Entre las cifras reveladas en el documento de 30 páginas, EFE informó que de los fondos desembolsados, más de USD 32 millones fueron transferidos directamente a Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau para recibir a personas expulsadas de Estados Unidos.
El informe destaca que, aunque el uso de terceros países como destino de deportaciones era una herramienta excepcional, la administración de Donald Trump sistematizó este mecanismo, con pagos provenientes del erario estadounidense a “gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, declaró la senadora Jeanne Shaheen en el comunicado de presentación.
La distribución de los deportados muestra que 250 de estas personas eran venezolanos que fueron enviados a El Salvador en marzo de 2025, mientras que otros 51 inmigrantes, de nacionalidad no especificada, fueron trasladados a los otros cuatro países, principalmente Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe señala que más del 80 % de las personas deportadas a terceros países ya han regresado a sus países de origen o están gestionando su retorno.
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