
“Esta banda de rateros de motos nace precisamente de la inquietud de un ciudadano que notó algo anormal en la zona de Ciudad Delgado.” Con esa frase, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, describió el origen de la investigación que llevó a la desarticulación de una estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas en El Salvador.
De acuerdo con Villatoro, la denuncia ciudadana fue el primer paso para analizar reportes de robos en la zona, lo que permitió a la División Central de Investigaciones obtener videos y recopilar denuncias que perfilaban el modo de operar del grupo.
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La estructura estaba compuesta por siete personas, entre las que se encontraban tres menores de edad. Los videos y pruebas exhibidos mostraron cómo actuaban: uno de los integrantes llegaba hasta la motocicleta, la empujaba y, con un desarmador, manipulaba la ignición para encenderla y huir del lugar. Villatoro detalló que en ocasiones las bandas trabajaban juntas y, en otras oportunidades, de forma individual, pero siempre con el mismo propósito: sustraer las motos, llevarlas a un terreno en Huizúcar para desmantelarlas y vender las piezas como repuestos.
El operativo para desarticular la banda duró un poco más de tres días y culminó con la detención de siete integrantes, cuya captura fue documentada con imágenes y videos. Tres de los detenidos son menores de edad, uno de ellos señalado como cabecilla de la banda.
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Durante la investigación se logró interrumpir la actividad criminal y localizar el terreno donde desmantelaban las motos, así como identificar los puntos de venta de las piezas robadas. Las pruebas incluyeron motocicletas sin registro, piezas automotrices y teléfonos celulares, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso penal y vincular a los detenidos con otros delitos.
La operación, ejecutada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se enfocó en sectores como Planes de Renderos, Panchimalco y San Marcos. El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que se realizaron 12 allanamientos en distintos puntos del país, con apoyo de herramientas tecnológicas, técnicas especiales de investigación y la oportuna denuncia de la población.
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La Fiscalía solicitó el secuestro judicial de los dispositivos electrónicos y la extracción de información digital para alimentar el caso, que será presentado ante tribunales contra el crimen organizado. Delgado fue enfático: “No se trata de simples niños que estaban cometiendo una travesura. Eran criminales que atentan contra la propiedad de los salvadoreños”.

Uno de los hechos más polémicos fue la liberación del cabecilla de la banda, un menor de edad, apenas cinco semanas después de su captura el 18 de diciembre de 2024.
Villatoro subrayó que, aunque respetan la independencia judicial, no tolerarán decisiones que pongan en riesgo a la sociedad: “La sorpresa es que, por decisión judicial, el 25 de enero fue liberado. Obviamente, lo andamos buscando. Pesa sobre él el delito de agrupaciones ilícitas y hurto agravado”. El ministro insistió en que la tolerancia con el crimen no será negociable, aun tratándose de menores de edad.
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El mensaje a la ciudadanía fue claro: la colaboración de la sociedad es indispensable para combatir el crimen. Villatoro y Delgado coincidieron en la importancia de denunciar y de rechazar cualquier justificación hacia los responsables, sin distinción por la edad de los implicados.
“No vamos a permitir que solo porque son menores de edad estén tomando decisiones que atentan contra la sociedad”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad. Delgado reforzó el mensaje al señalar que las investigaciones y acciones institucionales seguirán hasta desarticular por completo las estructuras criminales.
La cooperación entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República fue destacada por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. El funcionario enfatizó que el despliegue de ambas instituciones permite no solo contener delitos graves como el homicidio, sino también dedicar tiempo y recursos a investigar delitos patrimoniales que afectan la tranquilidad de la población. “Estas acciones que se están realizando precisamente nos van a conducir a un país con ese nivel de tranquilidad”, dijo Merino Monroy. Añadió que el gabinete de seguridad ampliado mantendrá dispositivos en todo el territorio y actuará ante cualquier denuncia que reciba de la ciudadanía.
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En cuanto a los resultados inmediatos, Villatoro expuso que, en una sola noche, la banda logró hurtar cinco motos entre las 12:00 y las 4:00 am en distintos puntos de San Salvador y su área metropolitana. Además, mencionó la rapidez y eficacia del trabajo conjunto, como lo sucedido con un homicidio reciente: por la mañana se informó el crimen y por la noche ya habían capturado a los dos responsables junto con el arma utilizada. El gabinete reafirmó que la seguridad territorial es ahora una prioridad estatal y que la meta es erradicar tanto a pandilleros como a los “rateros” que afectan el patrimonio de los salvadoreños.
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