La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado un nuevo paso en la reorganización del sistema judicial del oriente del país al aprobar el envío de un anteproyecto que propone la transformación de dos juzgados de primera instancia de San Miguel en órganos especializados de lo civil y mercantil.
Esta medida, estructurada para optimizar la distribución de causas y el rendimiento institucional de los tribunales en el departamento, se presentó en la sesión plenaria número 82 y será remitida a la Asamblea Legislativa para su discusión y eventual promulgación, según informó el diario El Mundo.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca pasarán a convertirse en los Juzgados 4º y 5º de lo Civil y Mercantil de San Miguel, con el objetivo de mejorar la distribución del trabajo en la ciudad y canalizar de manera más eficiente el volumen de causas que ingresan a los tribunales migueleños.
El anteproyecto también prevé la ampliación de funciones no solo para los tres juzgados civiles y mercantiles ya existentes, sino también para el Juzgado de lo Laboral de San Miguel y los tres juzgados de instrucción de la ciudad.
Según la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, que expuso ante los magistrados un análisis comparativo de la productividad judicial a nivel nacional, se constató que los tribunales de Santa Ana y San Salvador presentan un desempeño superior al registrado en San Miguel. Este dato, destacado durante la sesión, justifica la necesidad de redistribuir la carga de trabajo y modernizar los procesos en el oriente del país.
Durante el debate, los magistrados identificaron la necesidad de actualizar los sistemas informáticos, implementar inventarios físicos de expedientes y definir indicadores objetivos de desempeño para el personal judicial. Además, plantearon avanzar hacia una distribución de casos que privilegie la especialización, con la aspiración de incrementar la eficiencia en la resolución de causas.
Uno de los cambios inmediatos será que los cinco juzgados civiles y mercantiles de San Miguel tendrán competencia sobre todos los procesos de esa materia en el departamento, mientras que el Juzgado de lo Laboral de San Miguel asumirá todas las causas laborales que antes correspondían a los juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca, una vez que la reforma entre en vigencia.
La aprobación del anteproyecto requirió el respaldo de 13 magistrados en la sesión de Corte Plena, según detalló el diario El Mundo. Ahora será competencia de la Asamblea Legislativa determinar si se sanciona el decreto y se realizan las reformas pertinentes a la Ley Orgánica Judicial.
Operatividad de instituciones
El análisis elaborado por el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana revela que la relación entre los casos iniciados y los casos judicializados ofrece una radiografía precisa sobre la capacidad de respuesta institucional ante las demandas sociales.
En el periodo comprendido entre 2020 y 2025, el centro documentó que la FGR registró 440,706 casos iniciados, de los cuales solo 136,901 fueron judicializados. Esta cifra representa el 38% del total de casos ingresados, mientras que el 68% ,equivalente a 303,805 casos, no avanzó hacia la instancia judicial.
El informe del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana destaca que, aunque en el ciclo 2023-2024 se observó el mayor número de casos iniciados, el período 2020-2021 fue el que reportó un mayor volumen de casos judicializados. Esta variación evidencia que la eficacia de la FGR para transformar denuncias en acciones penales ha fluctuado a lo largo de los años.
El centro también subraya que en 2024-2025, se elevó la proporción de casos judicializados a 32%, superando el 28% registrado en los dos períodos previos. Este avance representa 2,375 casos judicializados adicionales respecto a los ciclos anteriores.
En cuanto al promedio global del quinquenio, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana calcula que el 32% de los casos iniciados alcanzó la judicialización, lo cual evidencia cierto margen de mejora en la capacidad institucional para llevar las denuncias a los tribunales.
Las cifras recopiladas por el centro permiten examinar el desempeño de la FGR y abren el debate sobre los obstáculos que impiden que la mayoría de los casos iniciados llegue a la etapa judicial.
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