El boletín correspondiente a octubre-diciembre de 2025 de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) revela que la población salvadoreña enfrenta un contexto migratorio marcado por altos índices de irregularidad, riesgos diferenciados según género y un endurecimiento de las políticas migratorias en la región.
Según datos recopilados por ORMUSA, 128,618 salvadoreños solicitaron asilo en el extranjero durante 2025, mientras que 72,944 ya cuentan con estatus de refugiados y 71,500 personas permanecen desplazadas internamente dentro de El Salvador.
Estas cifras, que compararon con las compartidas por Refugee Data Finder (UNHCR), reflejan la magnitud y persistencia del desplazamiento forzado a raíz de desigualdad social, inseguridad y falta de oportunidades económicas.
“La evidencia analizada confirma que la migración salvadoreña continúa siendo una realidad, marcada por altos niveles de irregularidad, contextos regionales restrictivos y limitaciones persistentes en la disponibilidad de información desagregada. La presencia significativa de niñas, niños y adolescentes en tránsito y retorno, así como las diferencias de género en el estatus migratorio, subrayan la necesidad de políticas diferenciadas y sensibles a las desigualdades estructurales”, expone la organización.

La migración irregular predomina en el flujo de personas salvadoreñas, una tendencia acentuada por el aumento de restricciones y controles migratorios en Estados Unidos y México. Según la Unidad de Política Migratoria mexicana, 9,700 eventos de migración irregular de salvadoreños se registraron en México entre enero y noviembre de 2025, con un pico de casi 5,000 casos en enero y un descenso progresivo en los meses siguientes.
Esta dinámica ha incrementado la exposición de los migrantes a extorsión, abuso y separación familiar.
En el caso de la niñez y adolescencia, 352 eventos de migración irregular involucraron a menores de edad salvadoreños en México durante 2025. De estos, 302 correspondieron a menores acompañados y 50 a no acompañados, grupo que enfrenta mayores riesgos de violencia, abuso y trata, según la Unidad de Política Migratoria de México. Los datos muestran que, entre los menores de 12 a 17 años, 40 no viajaban con adultos responsables, mientras que entre los menores de 11 años, 10 realizaron el trayecto solos, un indicador preocupante por la exposición de este grupo a graves violaciones de derechos humanos.
El informe de ORMUSA subraya las brechas de género que atraviesan el fenómeno migratorio. La 8ª Encuesta de Población Salvadoreña en Estados Unidos (BCR, 2024) reporta que el 40,3% de las mujeres y el 44,8% de los hombres que envían remesas lo hacen en condición migratoria irregular. Además, el 42,5% de los salvadoreños remitentes de remesas en Estados Unidos carece de documentos migratorios, mientras que solo el 22,3% es residente y el 10,4% cuenta con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esta situación de irregularidad genera alta vulnerabilidad frente a políticas de deportación y limita el acceso a derechos y servicios.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la diáspora salvadoreña, con aproximadamente 1,5 millones de personas residiendo en ese país, según el BCR. ORMUSA documenta que la persistencia de contextos restrictivos y la ausencia de datos desagregados por sexo y edad dificultan la formulación de políticas públicas inclusivas y la atención diferenciada a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBI.
El Gobierno salvadoreño implementó el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025-2029, orientado a promover la reinserción integral de retornados, con un enfoque que incorpora variables de sexo, edad, tipo de retorno y experiencias de violencia.
El boletín de ORMUSA destaca la necesidad de fortalecer la recolección de datos y el diseño de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos para responder a los desafíos de la migración y el retorno.
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