Un reducido grupo de militantes trotskistas del Partido Obrero, el PTS, el MST y el Nuevo Más podrían cumplir esta semana un mes de toma del Pabellón Argentina de la Universidad de Córdoba, donde se encuentra el rectorado. Y es que en la noche de ayer decidieron continuar con la ocupación en vez de acatar los pedidos de los decanos, que exigían el cese para negociar.
Si bien en un inicio de la toma participaron otras agrupaciones como La Mella, el MPE y algunos sectores de La Cámpora, con el tiempo el reclamo por mayor presupuesto fue sumando otras demandas -como la liberación de Jones Huala o el repudio al FMI- y la toma fue perdiendo adeptos hasta quedar en manos de un grupo radicalizado de unos 50 militantes, que en los últimos días impidió el acceso a quienes trabajan en ese edifico.
La toma ya lleva uno 25 días y llegó a poner en riesgo los servidores del sistema informático de la Universidad, que están alojados en ese edificio y cuyo mantenimiento los militantes impedían al bloquear el acceso. Juan Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y director de Gestión Institucional de la UNC, explicó que si bien ese área no funciona físicamente en el pabellón tomado, "todos nuestros programas y sistemas informáticos que utilizamos están arraigados en el Pabellón Argentina donde tenemos una 'megacomputadora'", le dijo a Cadena 3 días atrás.
El pliego de reivindicaciones difundido en los últimos días incluye la "generación y aplicación de un régimen de alumne embarazade y extensión del régimen de alumne trabajadore en situaciones de violencia", un fondo que cubra "a la totalidad de les estudiantes que lo soliciten" tanto los materiales de estudio como "viajes de campo y encuentros nacionales de estudiantes", y la remoción de "todos los símbolos religiosos".
Ciertos miembros de la comunidad universitaria estatal creen -o pretenden hacernos creer que creen- que integran un estado independiente dentro del Estado argentino. Con otras leyes, con muchos derechos, con muy pocas obligaciones, muy pocas prohibiciones y nulas sanciones…
— Marcelo C. Romero (@RomeroMarcelo63) September 22, 2018
Entre otros reclamos, los militantes trotkistas también tienen exigencias que van más allá de la propia Universidad, como por ejemplo la creación de una "Secretaría de Inmigración" o "que el Consejo Interuniversitario Nacional se declare en contra del Decreto (sic) 1254/18 del Ministerio de Educación y bregue por su derogación"; es decir, ponen como exigencia para abandonar la toma que todos los rectores de universidades nacionales se pronuncien contra una resolución ministerial.
Desde la Federación Universitaria de Córdoba, presidida por Samir Mohuanna (Franja Morada), emitieron un comunicado en el que sostienen que acompañan los reclamos de los trabajadores docentes y no docentes, pero aseguran que la toma es un "método extremo" que "no encuentra ningún tipo de justificación, especialmente habiéndose resuelto el conflicto salarial original". "Hoy, la toma del Pabellón Argentina se ha convertido en un elemento que perjudica cada día a miles de estudiantes, docentes, no docentes y graduados, que no pueden desarrollar sus tareas con normalidad. Además, cientos de vecinos de la ciudad y la provincia ven truncado sus lazos con la universidad pública, al encontrarse paralizada la Secretaría de Extensión que funciona en este edificio", añaden.
La izquierda estudiantil toma durante 24 días el Rectorado de la Universidad de Córdoba y nadie pueda hacer nada. En el Pellegrini se perdió el 50% de las clases . Todo en nombre de la "defensa" de la educación pública.
— Clara Mariño (@marinoclara) September 21, 2018
En agosto, cuando se inició, además del edificio donde está el rectorado estaban ocupadas cinco facultades, que hoy dan clases normalmente.
Mientras el rector Hugo Juri se resiste a pedir el desalojo "para no encender la chispa" y espera el cese de la toma para iniciar negociaciones con los militantes, el juez federal Miguel Vaca Narvaja sólo realizó una inspección de oficio.
En lo que va de la ocupación ya hubo una sentada pacífica de la FUC y Franja Morada que casi termina a los golpes, una amenaza de bomba que no pudo ser verificada porque le impidieron el paso a la Brigada de Explosivos y una presentación judicial por parte del concesionario de un bar ubicado en ese edificio.
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