
En respuesta al pedido de la fiscal Gabriela Baigún sobre la venta del predio ferial de la Sociedad Rural en Palermo, por el cual el inmueble debería ser restituido al Estado nacional, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su rechazo a la decisión.
Baigún consideró necesario un pedido de condena para el ex presidente y actual senador Carlos Menem, y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Desde la SRA "rechazan los argumentos esgrimidos por sesgados y parciales, y por ser contrarios a la verdad", y "reafirma sus derechos sobre el Predio Ferial de Palermo en la convicción y certeza de haber actuado siempre conforme a Derecho".

A través de un comunicado de prensa, desde la entidad central vinculada al sector agropecuario, pero ahora más dedicada a la organización de grandes eventos, consideraron que los argumentos de la fiscal "no sólo no aportaron nada novedoso a la causa, sino que exhibieron una construcción retorcida por ausencia absoluta de elementos para desacreditar lo que efectivamente quedó probado en el debate".
Específicamente, la SRA discute que el predio ferial de Palermo "era un bien de dominio privado del Estado y, por lo tanto, el Estado podía venderlo y hacerlo del modo en que lo hizo", y que el precio de venta en aquel momento era el correcto tomando en cuenta los usos y cargos que recaerían sobre el comprador, "así como los valores de mercado vigentes que surgieron de tasaciones idóneas e independientes".
Desde la entidad empresaria expresaron que la decisión de la fiscal Gabriela Baigún de seguir adelante con la investigación resulta "inaudita" y provocó "una persecución inédita contra los directivos de la SRA, con clara aniquilación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable".
En un tramo del comunicado al que tuvo acceso Infobae, la SRA hace referencia al hecho de que Baigún pidió la condena, además de las que les caben al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, para ex directivos de la Sociedad Rural, el ex presidente Eduardo de Zavalía y ex secretario Juan Alberto Ravagnan.
En su pedido, la fiscal sostuvo que durante 10 días el gobierno de Menem hizo lo que formalmente se necesitaba para la venta pero que el proceso en sí fue sumamente irregular. Entre otros motivos para llegar a esa conclusión, Baigún consideró: "La operación fue en forma directa cuando se debió haber llamado a una licitación pública; se hizo sin la aprobación del Congreso Nacional cuando la Constitución Nacional establece que debe avalar la enajenación de tierras del Estado nacional; se trataba de un bien de dominio público pero fue convertido en privado; la tasación del predio estuvo a cargo del Banco Ciudad cuando debió hacerla el Tribunal de Tasación".
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