Un informe elaborado por economistas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reflejó la baja incidencia que tuvo el aumento del precio internacional del trago en el valor del kilo de pan y de otros productos derivados. En momentos donde el presidente Alberto Fernández plantea un aumento de retenciones para desacoplar el contexto externo del interno y se han implementado mecanismos, como el fideicomiso de trigo, para subsidiar el costo de la materia prima a las fábricas alimenticias y las panaderías.
Tomando como punto de partida que en marzo pasado, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de exportación del trigo argentino registró aumento del 45% y alcanzó los USD 461 la tonelada, los economistas utilizaron diferentes fórmulas para realizar el cálculo de cuánto debería ser el impacto de ese incremento en la materia prima en los precios finales de los distintos productos que se elaboran con la misma, como es el caso del pan, la harina y los fideos secos.
Frente al contexto de precios planteado anteriormente en marzo pasado, el precio del pan debería haber aumentado $8,45 el kilo, cuando en la realidad se incrementó $38,46 el kilo. En el caso de la harina, su precio creció $10,87 el kilo cuando tendría que haberlo hecho $9,70 el kilo, y finalmente los fideos crecieron $14,62 el kilo y los especialistas sostienen que el mayor precio internacional cereal se se tendría que haber traducido en una suba de $7,05 el kilo.
En ese sentido, una de las conclusiones que presentó el informe privado sostiene que que el IPC Alimentos “está construido por las variaciones del precio del pan y cereales, que tienen una ponderación del 20,2% o un 5,3% en promedio sobre el IPC Nivel General. Teniendo en cuenta un 13% de participación del trigo en el precio del pan, un aumento extraordinario del 45% en el precio del trigo generaría un incremento de apenas el 0,3% en el IPC General”.
Además, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires utilizando un modelo económico de transmisión de variaciones de precios, se determinó que “sólo el 9,8% (en promedio) de los cambios en el precio del pan provienen de variaciones en el precio internacional del trigo, mientras el 11% se explica por variaciones en el tipo de cambio. El resto de las variaciones en el precio del bien final provienen de otros factores locales”.
A todo esto, se advirtió que “una política de intervención sobre el precio del producto primario, en este caso el trigo, tiene un impacto poco significativo sobre los precios al consumidor y la demanda, mientras impacta de manera negativa sobre el productor y la oferta”. Está claro con los datos que aportó la entidad porteña, que un aumento de retenciones no resolverá la problemática de los precios, sino todo lo contrario. Ya comenzó la siembra de la nueva campaña de trigo, donde las expectativas de los productores no son las mejores, porque al aumento de los costos y la falta de lluvias en muchas regiones del país, se suma la incertidumbre que provoca la intervención oficial en los mercados. Todo esto se traduciría en una menor siembra y producción.
Propuesta
En otra parte del trabajo, se hizo hincapié en la propuesta de medidas para hacer frente a la mencionada problemática, sin la necesidad de aumentar las retenciones como promueve Alberto Fernández y que es rechazado por su ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sería más barato y menos dañino “compensar a los consumidores por el aumento en los precios de los productos derivados del trigo en la canasta básica para todo el año 2022″.
Y por último, el documento planteó: “Compensar por el aumento estimado de los alimentos en base a trigo que conforman la canasta básica alimentaria para todo 2022, implicaría un desembolso que va entre 268 y 1.266 pesos por adulto equivalente, dependiendo si se compensa solo el aumento explicado por el precio internacional, o por todo concepto. Se gastaría entre un 40 y 80% menos de recursos; se evitaría la aplicación de derechos y restricciones a las exportaciones, que tienen impactos poco significativos sobre el consumidor; no se generarían desincentivos al productor; y costaría entre 4,3% y 13% de lo que se recaudaría adicionalmente en derechos de exportación como consecuencia del conflicto en el Mar Negro”.
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