El Gobierno busca que paguen Ganancias las inversiones en CEDEARs, uno de los instrumentos más populares del mercado

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera que el Gobierno envió al Congreso busca cobrar el impuesto a las Ganancias a quienes inviertan certificados que se compran y venden en el mercado argentino, pero que representan una inversión en una acción u otro activo que cotiza en el exterior, conocidos como CEDEARs. La modificación alcanzaría a los certificados comprados a partir del 31 de octubre de 2026, en caso de que se apruebe la reforma.

Estos instrumentos, que se popularizaron en los últimos años en el mercado local, son certificados que se compran y venden en la Argentina y que permite invertir en acciones, bonos u otros activos que cotizan fuera del país. En lugar de abrir una cuenta en el exterior y comprar directamente una acción extranjera, una persona puede adquirir ese certificado a través de una sociedad de Bolsa local.

Cada CEDEAR representa una parte de un activo que cotiza en otro mercado. Por eso, su precio suele variar de acuerdo con la cotización de ese activo en el exterior y con el valor del dólar financiero. De esa manera, un inversor local puede seguir desde la Argentina la evolución de empresas extranjeras mediante un instrumento negociado en el mercado local.

La iniciativa oficialista, que ingresó en la Cámara de Diputados, propone reemplazar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Según el texto, la modificación apunta a evitar que inversores locales accedan a una exención prevista para valores negociables argentinos mediante instrumentos que, en los hechos, representan inversiones en activos extranjeros. De acuerdo al titular de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, el gravamen sería de 15 por ciento.

Ante el revuelo que generó entre tributaristas y agentes bursátiles, un asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar que la medida se eliminará del proyecto. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, indicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en su cuenta oficial de X.

Qué busca modificar el proyecto en Ganancias

El artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias contiene exenciones para determinados ingresos y resultados obtenidos con valores negociables. El proyecto sostiene que la redacción vigente permite que algunos inversores utilicen certificados de depósito negociados en el mercado local para recibir un tratamiento tributario distinto del que tendrían si compraran directamente el activo del exterior.

Bajo la perspectiva del oficialismo, esa situación genera una “fisura” en el sistema. En particular, afirma que inversores locales adquieren certificados de depósito, “fundamentalmente CEDEARs”, para aplicar la exención correspondiente a valores negociables locales.

La propuesta del Gobierno considera que allí existe una diferencia de trato: quien invierte de manera directa en un activo extranjero queda alcanzado por el impuesto, mientras que quien accede al mismo activo a través de un certificado negociado en la Argentina puede recibir una exención.

Los CEDEARs pasarían a tributar según el activo que representan

El cambio central consiste en aplicar un criterio de “transparencia fiscal”, también denominado look-through. Bajo ese principio, la operación con un certificado de depósito tendrá el mismo tratamiento impositivo que hubiera correspondido al activo subyacente.

Dicho de forma sencilla, el proyecto busca que el impuesto no dependa de si una persona compra una acción, bono u otro activo extranjero de manera directa o mediante un CEDEAR. Lo relevante para determinar el tratamiento en Ganancias sería el activo que está detrás del certificado.

La iniciativa establece que “las operaciones con estos certificados quedarán sujetas al mismo tratamiento que hubiera correspondido al activo subyacente”. Por lo tanto, si el activo extranjero hubiera estado gravado en una compra directa, el certificado que lo represente también quedaría alcanzado por ese tratamiento.

El proyecto fija una fecha de corte para el nuevo sistema. La regla de transparencia fiscal se aplicaría a los certificados adquiridos “a partir del 31 de octubre de 2026”.

La propuesta presenta el cambio como una forma de reducir el llamado “arbitraje regulatorio”, es decir, la posibilidad de obtener una ventaja tributaria por utilizar un vehículo financiero distinto para invertir en el mismo activo económico.

El argumento del Gobierno

El Gobierno fundamenta la reforma en la necesidad de orientar el ahorro hacia inversiones que contribuyan a la formación de capital dentro de la economía local. A juicio del oficialismo, el régimen actual puede derivar en “ventajas fiscales espurias derivadas del vehículo jurídico utilizado para su representación”.

La iniciativa también sostiene que el cambio eliminaría “subsidios fiscales indirectos” a la tenencia de activos externos. Bajo la nueva regla propuesta, la elección entre invertir directamente en un activo extranjero o hacerlo mediante un certificado negociado en la Argentina dejaría de producir, en principio, un tratamiento diferente en Ganancias.