Presupuesto 2027: en que sectores el Gobierno hará un gasto mayor con respecto a este año

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso no rompe con la lógica de ajuste que atraviesa las cuentas públicas desde 2023, aunque le suma matices. La discusión sobre el nivel del gasto público admite lecturas distintas según el año que se tome como referencia y el rubro que se analice. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revisó el articulado y las partidas del proyecto y construyó una fotografía en la que conviven subas nominales, recuperaciones parciales y recortes que se mantienen o se profundizan.

Según el informe de la organización, asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el propio proyecto —una inflación de 29% para 2026 y de 18% para 2027—, el gasto total en 2027 aumentaría 5,7% en términos reales con respecto a 2026. Sin embargo, la comparación cambia de signo si el punto de referencia es 2023, año en que se produjo “un proceso de reducción generalizado del gasto”: frente a ese nivel, el gasto total de 2027 muestra una caída de 26,5 por ciento.

El comportamiento se repite en servicios sociales, la principal función del presupuesto y también la que concentra la mayor parte de los recortes de los últimos años. El proyecto prevé para 2027 un aumento interanual de 6,1% en términos reales, lo que ubicaría a esta partida en su nivel más alto desde 2024. Pero el propio informe advierte que ese incremento “resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores”, ya que la disminución acumulada entre 2023 y 2026 fue de 16,1 por ciento. Según el relevamiento de ACIJ, el 40% de los recortes presupuestarios totales de los últimos cuatro años se explica por las reducciones en servicios sociales, seguidas por las de servicios económicos, con el 38 por ciento.

Las diferencias dentro de los servicios sociales

Al interior de esa función, las trayectorias no son parejas. Por un lado, aparecen las partidas que lograron recuperar el terreno perdido después de 2023 o incluso lo superaron, como Salud, con una suba interanual real de 16% contra 2026 y de 30% desde 2023, y Seguridad Social, que crece 5% respecto de 2026 aunque todavía acumula una caída de 2% frente a 2023. Ahora bien, ese salto de Salud está influido por un cambio contable: desde 2024, una porción de los recursos del PAMI comenzó a canalizarse como transferencias del Tesoro, lo que eleva el gasto registrado bajo esa función sin que se trate necesariamente de fondos nuevos.

En un escalón intermedio se ubican los rubros con mejoras en 2027 que no alcanzan a compensar las caídas previas, como Educación y Cultura, con un aumento cercano a 8% frente al 2026 pero una baja acumulada de 44% desde 2023. Y en el extremo más crítico quedan las partidas prácticamente desfinanciadas desde hace cuatro años: Vivienda y Urbanismo, con una caída de 99%, y Agua Potable y Alcantarillado, que retrocede 93 por ciento.

Infancias: la letra chica de las asignaciones

El capítulo de niñez y adolescencia muestra un patrón similar. Las transferencias monetarias más relevantes para este grupo —la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar (PA), el Plan 1000 días, las Asignaciones Familiares (AAFF) y la Beca Progresar— vuelven a ubicarse en 2027 en un nivel similar al de 2023, año en que ya se había producido una caída de más de 20% respecto de los dos períodos anteriores.

Dentro de ese conjunto, ACIJ marca una diferencia central entre las prestaciones que se actualizan de forma automática y las que dependen de decisiones discrecionales del Gobierno. Las primeras —AUH, AAFF y Plan 1000 días— recuperaron 31,9% desde 2023, mientras que las segundas —PA y Beca Progresar— sufrieron un recorte de 50,5% en el mismo período. El informe señala que “los aumentos discrecionales de la Prestación Alimentar terminan impactando en menos recursos económicos para la alimentación de niñas, niños y adolescentes”, en referencia a los 23 meses que esa prestación estuvo sin actualizarse.

Ese esquema podría modificarse a partir de 2027. El artículo 17 del proyecto deroga los artículos que fijan la fórmula de movilidad mensual de la AUH y de las Asignaciones Familiares, sin reemplazarla por ningún mecanismo alternativo. Para ACIJ, la medida “vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura”, un riesgo que se profundiza, según la organización, por la existencia de una regla fiscal sin perspectiva de derechos.

Universidades y salarios docentes, sin recomposición

El Presupuesto 2027 sostiene para las universidades nacionales los mismos valores del período 2024-2026, lo que implica un nivel de financiamiento 24,9% inferior al de 2023. La brecha es más marcada si se toma como referencia lo que reclama el sector: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que se necesitaban $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto contempla partidas por $7,5 billones, un 32% menos de lo requerido.

Según la ACIJ, a esa situación se suma el atraso salarial docente, que el proyecto tampoco prevé revertir: de acuerdo al informe, las remuneraciones perdieron 25% de poder adquisitivo entre 2023 y 2026, y 47% si se toma el período 2015-2026. Como ejemplo, ACIJ cita el caso de un ayudante de primera categoría de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con dedicación simple, que cobró en bruto $154.321 en diciembre de 2023 y $374.485,49 en agosto de 2026: si ese salario se hubiera actualizado por inflación, debería haber ascendido a $503.796,37, un 34,5% más de lo efectivamente percibido.

Discapacidad y género, entre recortes y retrocesos normativos

El proyecto también introduce cambios en las políticas para personas con discapacidad. Los artículos 39 y 41 eliminan el arancel único del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y habilitan a cada organismo obligado a fijar sus propios valores con los prestadores. Para la ACIJ, ese cambio transformaría a la cobertura en un ”factor de desigualdad”, ya que quienes dependan de un ente con aranceles más bajos podrían terminar con una oferta de servicios menor o de peor calidad, algo que la organización considera contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto elimina, además, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (Pncdps), creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, y deja en pie únicamente la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (Pncil), con requisitos de acceso más restrictivos. Los recursos para esta última prestación crecerían 8,5% respecto de 2026, aunque seguirían siendo 26,5% más bajos que en 2023. Al mismo tiempo, el programa Incluir Salud, la cobertura sanitaria de este grupo, sufre un recorte real de 13,9% frente a 2026 y de 19% frente a 2023.

En materia de género, el ajuste es aún más profundo. Los recursos destinados a combatir la violencia de género —que incluyen al Programa Acompañar y a la Línea 144, ambos sin partida específica identificable desde 2025— se ubican 89% por debajo de 2023 en términos reales, según el cálculo de ACIJ, que remarca que el crecimiento de otras líneas, como Protección de Víctimas de Violencias y la Ley Brisa, “no alcanza a compensar la magnitud de los recortes y eliminaciones producidos desde 2024”. El desfinanciamiento también golpea a la Educación Sexual Integral (ESI), cuyo presupuesto cae 98,5% respecto de 2023 y queda reducido a apenas $30 millones para 2027, mientras que el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, pese a crecer de $20.600 millones a $33.800 millones entre 2026 y 2027, permanece casi 30% por debajo de los niveles de 2023.

Obra pública, el ajuste que cambió de forma

El Presupuesto 2027 confirma también el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en la reducción de la participación directa del Estado nacional y una mayor transferencia de proyectos a provincias, municipios y al sector privado. El propio mensaje del proyecto reconoce que, sobre una cartera de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o entraron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas o están en vías de transferencia y sólo 199 permanecen bajo gestión directa de la Nación.

Esa reconfiguración se refleja en el gasto de capital destinado a infraestructura, que pasó de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024 y se mantiene desde entonces en niveles históricamente bajos: $3,9 billones en 2025, $3,7 billones en 2026 y $3,8 billones proyectados para 2027, un nivel que continúa 80% por debajo del de 2023. Como contrapartida, el proyecto amplía los beneficios tributarios para atraer inversión privada en la concesión de rutas nacionales: el artículo 67 prevé, para los nuevos concesionarios, un régimen de amortización acelerada, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de otros tributos, condicionado a que las provincias involucradas otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.