Tras la orden del gobierno bonaerense para que reincorpore 1.200 trabajadores, Granja Tres Arroyos se presentaría en convocatoria de acreedores

La crisis financiera y operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos y Wade, otra empresa del mismo grupo empresario, sumó un nuevo capítulo. Fuentes cercanas a las empresas confirmaron que ambas firmas se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para que se reincorporen 1.200 empleados despedidos.

El movimiento judicial se produce después de meses de dificultades financieras, conflictos laborales, cierres y suspensiones en distintas plantas del grupo. En paralelo, la cantidad de trabajadores desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados en total desde el inicio del conflicto, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

De hecho, la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los últimos 1.200 despidos en las plantas. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, establece la reincorporación de los trabajadores desvinculados mientras avanza la negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).

El alcance de los despidos incluye a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la fábrica ubicada en Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. La intervención provincial busca suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.

Durante la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades bonaerenses. También asistieron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

Las partes acordaron además la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La próxima audiencia quedó prevista para el jueves, dentro del período de conciliación obligatoria.

La situación de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

Ahora, el escenario incorpora la posibilidad concreta de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos queden bajo un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa que enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones busca ordenar su situación financiera frente a sus acreedores y evitar, en determinadas circunstancias, una instancia de quiebra. En este caso, el eventual ingreso de ambas compañías a ese proceso se produciría después de una reestructuración que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.

Una crisis que impacta en el empleo

El impacto laboral es uno de los principales indicadores de la profundidad del conflicto. Según fuentes cercanas, el acumulado de despidos desde el comienzo del proceso se ubica actualmente en torno de 1.730 trabajadores, aunque el dato todavía no está cerrado porque resta determinar con precisión cómo se distribuyen las desvinculaciones entre las diferentes plantas.

La falta de un número definitivo responde, según fuentes cercanas, a que todavía no se terminó de consolidar el detalle de las desvinculaciones producidas en cada establecimiento. Lo cierto es que el proceso de reducción de personal comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Granja Tres Arroyos solicitara, en diciembre de 2024, la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ese trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero desde entonces la empresa fue adoptando distintas medidas sobre sus establecimientos.

Uno de los primeros cierres relevantes fue el de la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. Posteriormente, la compañía anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus trabajadores hacia la planta La China, ubicada en las inmediaciones.

A mediados de agosto, además, se conocieron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los trabajadores invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó entonces las desvinculaciones y señaló que existían trabajadores con salarios atrasados.

Capitán Sarmiento, el último foco de conflicto

La situación de Capitán Sarmiento llevó la crisis a una nueva dimensión. La planta dejó de operar a partir del 31 de agosto, luego de que la compañía comunicara internamente la suspensión de las tareas productivas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. El comunicado no estableció una fecha para el regreso de las actividades y tampoco precisó qué ocurriría con los puestos de trabajo involucrados.

El conflicto se profundizó por la incertidumbre respecto del futuro de la planta. Trabajadores y personas vinculadas con el establecimiento advirtieron que parte de la maquinaria concesionada que se utilizaba allí ya no se encontraba en las instalaciones el momento de anunciarse la suspensión de actividades. También señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas.

Paralizaciones en distintas plantas

Capitán Sarmiento no fue el único establecimiento alcanzado por las medidas. Durante los últimos meses, el grupo atravesó diferentes situaciones de paralización y reducción de actividad.

En julio, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Inicialmente se había informado que se trataba de una “parada programada de dos semanas”, pero la interrupción se extendió durante otros 15 días y terminó alcanzando un mes. La medida involucró a unos 350 trabajadores.

En agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal. También se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, continuó funcionando con una reducción significativa de su nivel de actividad.

La situación de Wade se incorporó así al cuadro general del grupo y ahora quedaría alcanzada por una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguiría la misma dirección durante los próximos días.

Una deuda que condiciona el futuro del grupo

La decisión de avanzar hacia una convocatoria de acreedores se da mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.

La compañía lleva adelante negociaciones con sus acreedores con la asistencia de la banca de inversión VALO. El esquema que se venía analizando contempla una reestructuración de los compromisos financieros, con quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

El objetivo de ese proceso era encontrar una alternativa que permitiera ordenar las obligaciones financieras de la compañía y sostener su funcionamiento. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos muestra que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

El ingreso a una convocatoria de acreedores modificaría el escenario de las negociaciones, ya que trasladaría parte de la discusión sobre las obligaciones de las empresas al ámbito judicial. Para los trabajadores, en tanto, la principal incógnita sigue siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios y eventuales indemnizaciones pendientes.