Fuerte rechazo del campo al plan de Sturzenegger para desfinanciar al organismo que promociona la carne argentina

La Mesa de Enlace y las principales cámaras de la industria frigorífica emitieron un documento conjunto en el que rechazaron cualquier modificación al esquema de financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La carta, que cuenta con la firma de las entidades más importantes del campo argentino, llegó luego de que trascendiera un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone convertir en voluntarios los aportes que hoy pagan productores y frigoríficos por cada animal que va a faena. En lo que va de 2026, el organismo recaudó más de $8.000 millones.

El organismo fue creado por la Ley 25.507, sancionada en 2002, meses después de la crisis de la aftosa que golpeó al sector durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El escrito lleva las firmas de los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— junto a las de las principales cámaras del sector cárnico: el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). El documento expresa el “firme respaldo al IPCVA” y ratifica “su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.

El anteproyecto en cuestión forma parte de la Ley de Desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y aún no ingresó al Congreso. El artículo 37 del borrador establece “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias con destino al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina” e instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a “cesar la aplicación, percepción, retención y/o recaudación” de esos aportes. Desde la cartera de Sturzenegger no confirmaron el contenido del texto.

El tema sobrevoló un almuerzo celebrado ayer en el predio de la Exposición Rural de Palermo, al que asistieron el propio Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y dirigentes de la SRA.

El financiamiento actual del IPCVA se sustenta en aportes privados de productores y frigoríficos. Los primeros pagan el equivalente al 0,07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena —hoy $1.185 por cabeza—, mientras que la industria abona un 0,03% de ese valor, es decir, $535 por animal. En la práctica, el costo equivale a unos 250 gramos de carne por bovino faenado, según graficaron las entidades en su documento.

Los firmantes sostienen que “es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay“. Además, señalan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al Senasa, y que su labor fue “clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, calificó la propuesta de aportes voluntarios como “algo que no es superador” y advirtió que implementarla sería “lo mismo que decir cerremos el Instituto”.

La propuesta de Sturzenegger

La controversia no es nueva. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima aportar alrededor del 14% del total recaudado por el fondo, viene reclamando desde hace tiempo la eliminación de la obligatoriedad y le hizo llegar sus reparos a Sturzenegger en cartas formales. También algunas entidades del interior se mostraron disconformes con el esquema, y cuestionaron la aplicación concreta de los fondos. Esa presión interna del sector fue la que, según fuentes del sector, terminó por activar el análisis en el Ministerio de Desregulación.

El anteproyecto propone reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507 por un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina” que se nutriría de contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, contraprestaciones por asistencia técnica y rentas propias del fondo. Las contribuciones obligatorias continuarían vigentes hasta el 30 de abril de 2027 bajo el régimen actual, y los importes recaudados con posterioridad a esa fecha deberían devolverse dentro de los 60 días, salvo que el aportante manifieste su voluntad de convertirlos en un aporte voluntario.

La eliminación de Coviar, el antecedente más cercano

El caso del IPCVA no es el primero en el que el Gobierno avanza sobre aportes sectoriales obligatorios. En mayo pasado, el Ministerio de Desregulación eliminó las contribuciones compulsivas que bodegas y productores pagaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desde 2004. Sturzenegger calificó en ese momento ese esquema como una “aberración” y estimó que, entre 2004 y 2025, el sector había aportado USD 300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”. Esa medida dividió al sector vitivinícola: mientras cámaras como Bodegas de Argentina la celebraron, otros actores advirtieron sobre el vacío institucional que podría generar.