El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $4,4 billones e incorporó las utilidades del Banco Central a sus ingresos

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley para restringir el uso de fondos públicos una vez agotados los recursos presupuestarios (shutdown que rige en los Estados Unidos), a través del DNU 594 del 15 de julio, con un anexo de 187 folios, dispuso ampliar el crédito del Presupuesto 2026 para afrontar pagos de salarios en universidades, Anses, atender servicios de la deuda pública y programas sociales, con el argumento de evitar riesgos sobre servicios esenciales del Estado en $4,44 billones.

La medida, que entró en vigencia este 16 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, no implicará, de ejecutarse plenamente, el superávit fiscal esperado, porque se solventará con el ingreso al Tesoro Nacional de rentas del Banco Central de la República Argentina por $25,6 billones, principalmente.

Según el texto oficial, la adecuación presupuestaria se dictó porque era necesario dotar a las áreas competentes de recursos para cumplir sus funciones. El decreto sostuvo que, si la modificación no se realizaba de forma inmediata, peligraba la prestación de ciertos servicios esenciales a cargo del Estado nacional.

La medida incluyó un refuerzo de créditos para gastos en personal, con el objetivo de atender necesidades salariales vigentes, además de gastos de funcionamiento, equipamiento, becas, compensaciones, transferencias y otras erogaciones de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.

En Capital Humano, la Secretaría de Educación recibió un incremento presupuestario para cubrir gastos derivados de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las universidades nacionales. El mismo ajuste alcanzó al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

El decreto también amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar prestaciones del programa Monotributo Social. A la vez, readecuó los créditos de la Jurisdicción 90, correspondiente al servicio de la deuda pública, para atender los compromisos financieros del ejercicio en curso.

Otro tramo de la decisión alcanzó a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de cubrir necesidades de financiamiento de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, empresa del sector público nacional que actúa en el ámbito de la Secretaría de Educación.

El cambio más voluminoso explicitado en el decreto corresponde al Ministerio de Capital Humano, que recibió una autorización adicional de gastos por $1,33 billones para “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”.

Le siguieron $638.112 millones para “Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía; y $624.309 millones para “Políticas Alimentarias, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”, Ministerio de Capital Humano.

Servicios Sociales, Obligaciones a cargo del Tesoro, recibió un refuerzo de 542.381 millones, y Anses transferencias y contribuciones por $286.580 millones.

También aumentó el crédito presupuestario para “Ejercicio de la Curatela Pública Oficial”, Ministerio Público, por $230.460 millones, y para el “Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría”, Ministerio de Salud, $158.349 millones.

Otra partida que se incrementó en más de $100 mil millones fue la destinada a “Interceptación y Captación de las Comunicaciones”, Poder Ejecutivo Nacional.

También recibieron ampliaciones de autorización de gasto en lo que resta de 2026 las jurisdicciones para:

• Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - Aitte, Ministerio de Economía, $89.998 millones;
• Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Poder Legislativo Nacional, $74,543 millones;
• Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano, $71,789 millones;
• Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear, Ministerio de Economía, $65,000 millones;
• Información e Inteligencia, Secretaría de Inteligencia, Presidencia de la Nación, $49,262 millones;
• Asistencia Financiera a Empresas Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Economía, $41,993 millones;
• Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares, Presidencia, $36.640 millones;
• Asistencia Financiera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jefatura de Gabinete de Ministros, $35.622 millones.

Aumento del superávit presupuestario

Del lado de los recursos, Infobae pudo detectar en el Anexo 1 con 187 folio un aumento agregado de $25,6 billones, principalmente por “Rentas de Propiedad”, transferidas al Tesoro por parte del Banco Central, la cual será destinada en gran parte a cancelar Letras Intransferibles con el ente monetario.

Con la ampliación presupuestaria -derivada principalmente de la brecha entre el supuesto de inflación del 15% y la realidad que proyecta casi el doble, la autorización total de gastos para el año se elevó a $150,1 billones, mientras que los recursos esperados se elevaron a $174,5 billones.

De este modo, frente a un superávit inicial previsto en $3,2 billones, de ejecutarse plenamente el crédito presupuestado y cumplirse la meta de recursos, el año finalizará con un excedente de $24,4 billones.

Según la ejecución presupuestaria, la Secretaría de Hacienda registraba al 14 de julio un superávit base caja -diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente pagado- de $26,9 billones, mientras el devengado fue de un excedente de $24,8 billones.

Sobre ingresos previstos, antes de la tercera modificación presupuestaria en el año, en $148.6 billones, la Administración Central llevaba percibidos $102,5 billones; y de gastos aprobados por $148,1 billones, había ejecutado $80,8 billones y efectivamente pagado $77,7 billones.

El Poder Ejecutivo trasladó un cargo a la Presidencia

El DNU 594 dispuso además la transferencia de un cargo y de los créditos presupuestarios asociados desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en línea con lo establecido por la Decisión Administrativa 3 del corriente año.

La medida también resolvió cómo se imputarán, de manera transitoria, los gastos de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada por normas legales durante 2026. Hasta que se hagan las adecuaciones presupuestarias correspondientes, esos gastos seguirán atendiéndose con cargo a los créditos de las jurisdicciones y entidades de origen.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y ordenó dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, el órgano que interviene en el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia según la Ley 26.122. Su entrada en vigencia quedó fijada para el día de su publicación en el Boletín Oficial.