Una empresa de bebidas con 70 años de historia entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo

Frutafiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros superaran su nivel de facturación en los primeros meses de 2026. La firma, que tiene su planta industrial en General Ramírez, departamento Diamante, describió en su presentación judicial una acumulación de factores que la llevaron a la insolvencia entre marzo y abril de este año.

En el escrito que presentó en la Justicia, Frutafiel describió un diagnóstico sobre las causas de su situación. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, puntualizó la compañía. La empresa señaló que no pudo trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad. A eso se sumó la retracción del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.

El encarecimiento de la energía y los combustibles fue otra de las razones a las que la empresa adjudicó su situación. Según la presentación judicial a la que accedió el medio entrerriano Uno, los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. El acceso al crédito bancario, por su parte, “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

Según consta en el documento oficial, la firma también intentó compensar la caída de ventas con promociones en supermercados y cadenas de distribución, pero los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos. La morosidad de clientes —en algunos casos con imposibilidad de cobro— agravó el cuadro financiero.

Para sostener la operación, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía. Ese aporte permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025. El producto tuvo buena recepción inicial, pero dos problemas truncaron su impulso: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos y la competencia replicó rápidamente el concepto. La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.

Fundada en 1956, Frutafiel produce además fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa registró un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total. El Banco Central registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.

La empresa sostuvo en su presentación que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026: a fines de marzo dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Pese a ello, la firma afirmó que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.