Quince horas de negociación sin acuerdo: la insólita paritaria entre agroexportadores y sindicatos que continúa hoy

La paritaria aceitera entra este lunes en su instancia decisiva. Agroexportadores y sindicatos del sector retomarán hoy las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras casi 15 horas de diálogo que el jueves terminaron sin acuerdo firmado, con puntos pendientes y ambas partes al límite del agotamiento.

La reunión se produce después de que el jueves venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes lograran firmar un acuerdo. Tras casi 15 horas de negociación, los equipos llegaron a un punto de agotamiento sin resolver las diferencias pendientes. Con todo, empresarios y gremios acordaron de manera voluntaria continuar el diálogo este lunes alrededor de las 13:30, lo que en la práctica equivale a una extensión informal del proceso —conocida en el ámbito laboral como “conciliación voluntaria”— que mantiene la paz social entre ambas partes sin que ninguna haya firmado nada al respecto.

Los gremios que participan de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina(FTCIODyARA), que, juntos, representan a un total de entre 10.000 y 12.000 trabajadores rurales.

El escenario que se abre es de incertidumbre: no hay acuerdo firmado, pero tampoco convocatoria a huelga. Las fuentes consultadas advierten que el resultado de la reunión del lunes es impredecible: se registraron avances, aunque insuficientes para rubricar un entendimiento. La posibilidad de que las plantas del principal polo agroexportador del país retomen medidas de fuerza depende de lo que ocurra hoy en esa mesa.

El nudo del conflicto es el mismo desde el inicio de las negociaciones. Ciara-CEC propone actualizar los salarios mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, con el argumento de que esa fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Los gremios, en cambio, exigen un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por inflación sea suficiente para recomponer lo perdido. Según los sindicatos, la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, cifra que el básico inicial del sector —de $2.344.000— no alcanza.

La disputa también incluye una pelea de cifras. Mientras Ciara-CEC sostiene que el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, señaló que ese número no refleja la realidad de la mayoría: el básico inicial está en $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los $3,5 millones. Los gremios también recordaron que las patronales recibieron un beneficio de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación, y que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones del sector.

Desde el bloque empresario, un comunicado de Ciara insistió en que la propuesta de indexación al IPC “es la única viable para defender los salarios aceiteros” y advirtió sobre el costo concreto de un paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumularía $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes sindicales a firmar la oferta.

El conflicto tiene su origen en fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal. Desde entonces, las partes se reunieron en al menos seis oportunidades en la Secretaría de Trabajo sin lograr un acuerdo.

El sector arrastra además tensiones previas: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de un aumento en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador.