Reforma laboral: cuál es el costo fiscal de la iniciativa que pone en jaque las cuentas de los gobernadores

La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.

Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.

Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.

Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.

En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,

En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.

Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.

En este marco, el economista plantea 3 escenarios:

• Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
• Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
• Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.

“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.

“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.

Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.