Más recursos a provincias y menos programas sociales: cómo se distribuyó el gasto público en 2025

Aunque la motosierra perdió filo en 2025, tras el fuerte ajuste del año previo, el gasto público se mantuvo en mínimos históricos. La variación anual fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación. No obstante, hubo un cambio importante en la composición.

La dinámica del gasto expuso un esquema de prioridades donde algunas demandas postergadas en 2024 cobraron relevancia, en contraste con los recortes aplicados sobre otras áreas sensibles.

En 2025, los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024, de acuerdo con un informe de Analytica.

También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.

En el caso de las asignaciones familiares y por hijo, el gasto avanzó un 12%, explicado en gran medida por el fuerte aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció un 18,9%, mientras que las asignaciones familiares tuvieron un alza más acotada, del 2%.

La mejora constante en esta partida desde que comenzó la gestión de Javier Milei se refleja en el poder adquisitivo de sus beneficiarios: según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años, siendo quienes la reciben el sector poblacional que más aumentó su ingreso real.

En contraposición, Analytica señaló que entre las partidas más ajustadas durante 2025 se destacan los programas sociales, que registraron una disminución del 21,7%.

Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción en Potenciar Trabajo (-44,5% interanual), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8% interanual), y las becas Progresar, con una caída del 38,5% interanual.

Asimismo, los subsidios económicos profundizaron su proceso de ajuste y registraron una contracción del 35,4% interanual, en un contexto marcado por los aumentos de tarifas en los servicios públicos, especialmente en electricidad y transporte.

El recorte fue más pronunciado en los subsidios a la energía eléctrica, que cayeron un 38,7% interanual, mientras que las transferencias destinadas al transporte se redujeron un 25,9%.

La consultora destacó que la evolución de estas partidas guarda coherencia con la dinámica de los precios regulados, reflejada en el aumento interanual en torno al 30% del rubro ‘electricidad, gas y otros combustibles’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la suba transporte público.

Una de las partidas que siguió reduciéndose en 2025 fue la obra pública, que registró una caída del 46,0% en términos reales. El recorte adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en 2024 esta partida ya había acumulado una contracción del 76,5%.

Al desagregar su composición, la mayor baja se observó en las transferencias de capital, que se redujeron un 59,3%, explicadas en gran medida por la marcada disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A., que cayeron un 83,3% tras la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.

Por el contrario, el gasto en construcciones, correspondiente a la obra pública ejecutada directamente por el Estado Nacional, presentó un incremento del 4,6% en términos reales, impulsado sobre todo por el gasto en transporte (+13,9%), que representó el 63% del total destinado a construcciones.

Entre los proyectos más relevantes ejecutados por la Administración Nacional se destacan la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).

Por otro lado, la distribución del gasto por jurisdicción muestra que el 65,6% correspondió al Ministerio de Capital Humano, que incluye a la ANSES entre sus principales organismos.

Al desglosar el presupuesto según su función, el 63,3% se orientó a seguridad social, en tanto que los rubros de salud, educación y cultura, y energía, combustibles y minería recibieron asignaciones bastante menores, con participaciones del 6,1%, 5,8% y 4,9%, respectivamente.

Presupuesto 2026

De cara a 2026, y a partir de la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre, el crédito asignado asciende a $148,1 billones, lo que implica un aumento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto exhibiría en términos reales una contracción del 9,2%.

Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales.

La única excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un incremento nominal del 50%, equivalente a una suba real del 15,4%.

“Nosotros tenemos presupuesto, lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero”, había dicho Milei tras la aprobación del proyecto.

“Sin subir impuestos, no es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal (...). Hay un límite moral de lo que se puede hacer y que no (...)”, agregó Milei en diálogo con LN+.

Igualmente, economistas señalan que el margen para recortar es limitado debido a la rigidez del gasto previsional, que representa alrededor de la mitad del total y se ajusta automáticamente con la inflación.

De momento, en el corto plazo, el Gobierno prevé profundizar este año la reducción de personal en distintas áreas de la Administración Pública Nacional (APN), con el objetivo de recortar un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre, después de haber eliminado más de 60.000 puestos desde el inicio de la gestión.

Según el último informe del Indec sobre empleo público, hasta noviembre de 2025 la dotación estatal ascendía a 281.785 empleados.