Según un informe privado, el proyecto oficial de reforma reduce 38% los costos laborales “no salariales”

El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación marca “una nueva era para el empleo en la Argentina”, dice un informe de la consultora PxQ, del economista Emanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía durante la gestión ministerial en Nación del hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Se trata del primer reporte de la consultora elaborado usando su propia “herramienta” de Inteligencia Artificial, PxQ Macrobot, que dice, aporta “velocidad y precisión” al análisis económico y financiero y que anticipa lo que serán los informes del año próximo, tanto en el análisis de regulaciones y cuestiones financieras hasta aquellas de políticas públicas.

El aspecto más destacable del informe refiere el impacto que tendría la propuesta oficial sobre los costos laborales “no salariales” y su impacto inmediato en los resultados de las empresas, concretamente en las ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones.

El análisis toma como referencia una empresa mediana, con una nómina salarial mensual de $100 millones. Para ese caso, calcula, las contribuciones patronales se reducirían con la aplicación del proyecto oficial de $18 millones a $15 millones mensuales, los aportes a Obras sociales de $6 millones a $5 millones, la empresa se ahorra por completo $8,3 millones de previsión por despido, pero por otro lado debería desinar $3 millones al “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), hoy inexistente. En total, dice el informe, la empresa se ahorraría $12,33 millones, una reducción de costos laborales “no salariales” del 38% e impacto positivo inmediato sobre sus ganancias.

Según el informe del “Macro Bot” de PxQ los tres pilares de la transformación legislativa que propone el gobierno con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción de cargas fiscales y la seguridad jurídica operativa derivada de la tipificación de bloqueos como causal de despido y el cierre de vías de litigiosidad.

Concretamente, dice, el FAL reemplaza con una contribución del 3% mensual el actual régimen de indemnizaciones, compensando el costo con una reducción equivalente de aporte empresario al Sistema Previsional (SIPA), lo que tiene un efecto financiero neutro para la empresa.

Las contribuciones del 3% al “Fondo de Asistencia Laboral” serán administrada por entidades privadas supervisadas por la CNV y al estar compensadas por la reducción también de 3 puntos al SIPA tendrá para las empresas un costo marginal igual a cero y también abaratan el costo laboral empresario la eliminación de la obligatoriedad de constituir previsiones por despido, lo que -dice el informe- al liberar capital mejorará los ratios de solvencia de las empresas.

Sin embargo, advierte PxQ, al absorber el Estado el costo del despido futuro mediante la renuncia a los aportes al SIPA “se introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional”.

El informe también describe los alivios fiscales por sector, como la reducción de las contribuciones patronales del 20,4 al 17,4% en Comercio y Servicios, de 18 a 15% en Industrias y Pymes y del 6 al 5% de aporte a la Obra Social. También influye la eliminación de impuestos internos (sobre vehículos, telefonía, objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves y seguros) y la creación de los regímenes de incentivos y amortización acelerada de inversiones pequeñas, más limitar a un máximo de 3 meses el plazo de devolución del IVA, un viejo reclamo del sector empresario en general y de los exportadores en particular.

La mayor “seguridad jurídica operativa” se debe no solo a que el bloqueo de ingreso o salida pasa a ser causal de despido, sino también a la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales (debe garantizarse un 75% de cobertura mínima), la eliminación de multas por “deficiencia registral” y el cierre de vías por el que suele colarse la “industria del juicio”.

Cabe consignar además que la cuestión de los aportes con destino sindical fue hasta último momento motivo de tironeo interno en el gobierno, con “halcones” como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la exministra de Seguridad y ahora senadora Patricia Bullrich, que condicionaba el pago de esos aportes a un consentimiento explícito de los trabajadores, y un sector más “político”, partidario de limitar esa restricción. Finalmente, quedó un impedimento: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención, descontar la “cuota solidaria” y enviársela a los gremios. Estos deberán ahora, de sancionarse la ley, buscar mecanismos alternativos de recaudación de esas cuotas, que incluyen la “cuota sindical” voluntaria.