A través de la publicación del Decreto 613/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.
El decreto, que lleva las firmas Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, dispone que el bono se abonará en septiembre de 2025 a quienes perciban haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La decisión se fundamenta en la necesidad de “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”, según sostienen en el considerando del decreto.
Entre sus argumentos, el Gobierno alega que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 “presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.
Tal como sucede desde el año pasado, el bono a pagar será de $70.000 para quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, conforme al artículo 125 de la Ley 24.241. Para quienes superen ese monto, el plus será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el haber mínimo más el monto máximo del bono, según lo dispuesto en los artículos 3° y 4° del decreto.
En el caso de beneficios de pensión con varios copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho al bono. Además, recordaron que este adicional tiene carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento ni computable para ningún otro concepto.
La ANSES queda facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación, administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y recupero de percepciones indebidas del bono extraordinario.
La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida.
Si se tiene en cuenta el dato de la inflación, el ajuste en los haberes será de un 1,90% para estos haberes. De esta manera, la jubilación mínima mensual ascenderá a $320.277,18, en septiembre, y a este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000. Así, el total para quienes perciben el haber mínimo se fija así en $390.277,18.
La confirmación del bono llega luego de que el oficialismo, con ayuda de los gobernadores, lograra alcanzar las voluntades necesarias para ratificar el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. La oposición necesitaba dos tercios de los votos para rechazar la decisión del Gobierno e insistir con la ley original, pero las abstenciones jugaron un rol clave.
La legislación proponía aumentar en un 7,2% todas las jubilaciones y pensiones. Además, se daba un incremento en el bono a $110 mil.
Si bien la oposición sumó 160 votos a favor para continuar con el proyecto original, los 83 rechazos y las 6 abstenciones le bastaron al oficialismo para evitar los aumentos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. En números concretos: en agosto las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio (1,62%) y sobre esa baja el mínimo alcanzó $314.305, que junto con el bono extraordinario de $70.000 se transformó en $384.305.
En cambio, si la norma sancionada en el Congreso hubiera quedado firme, los haberes de agosto se habrían calculado de otra manera. El haber mínimo de $314.305 se habría multiplicado por 1,072, lo que daba $336.928. Sumando el bono de $110.000, el total habría alcanzado los $446.928. En tanto que la jubilación máxima se ubicó en $2.114.977 y con esta ley hubiera rondado los $2.267.263.
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