El Gobierno enfrenta el proceso electoral con su “plan aspiradora”, en sentido contrario al “plan platita”

A diferencia de la previa a la elección presidencial de 2023, cuando se emitió mucho dinero para generar un aumento de ingresos de corto plazo, ahora el esquema es que no sobren pesos para evitar la presión dolarizadora y sobre la inflación

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El Presidente Javier Milei. NA
El Presidente Javier Milei. NA

El “Plan Aspiradora” de pesos que puso en marcha el equipo económico ayer salió recargado, luego de la licitación fuera de cronograma que llevó adelante el Tesoro. La operación logró absorber otros $3,8 billones de pesos. Aunque el mercado esperaba un monto algo mayor, implica retirar muchos pesos del mercado que según el propio gobierno sobraban.

Desde el equipo económico habían expresado la preocupación luego que solo se consiguiera renovar el 61% de los vencimientos de la semana pasada. Esto significó que cerca de $ 5,5 billones quedaran liberados casi de la noche a la mañana.

“Nosotros no creemos que estos pesos se vayan a usar para dar crédito. Por lo tanto, como no responde a un aumento de la demanda vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para quitarlos del mercado”, explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el fin de semana.

La licitación de un bono en pesos ajustado por TAMAR (la tasa de plazos fijos de más de $1.000 millones). Y el resultado estuvo dentro de lo esperado, ya que consiguió retirar una buena proporción de esos pesos que se vio obligado a pagar el Tesoro.

Pero el “Plan Aspiradora” tuvo otros componentes, en particular un nuevo aumento de encajes para los depósitos bancarios. Esto implica que las entidades van a contar en los próximos meses con menos liquidez para salir a prestar. La suba de tasas de las últimas jornadas está directamente vinculada a esta escasez de pesos.

El objetivo del gobierno es evitar a toda costa que sobren pesos y así evitar que aumente la presión dolarizadora, en especial en pleno proceso electoral. La tesis del ministro de Economía es que el mercado le tema al “riesgo kuka”. Según Luis Caputo, un buen resultado electoral despejaría el horizonte para los inversores y caería sustancialmente la tendencia por dolarizarse.

Por lo tanto, el objetivo es llegar a las elecciones con el tipo de cambio bajo control y asegurarse que la inflación se mantendrá baja. De hecho para agosto la proyección de la mayoría de las consultoras sitúa el índice en un rango del 2% al 2,2% pero no más allá.

El apretón monetario y la consiguiente suba de las tasas de interés fueron una combinación clave para conseguir el objetivo de mantener al dólar controlado. De hecho, el tipo de cambio cayó de $ 1.380 a $ 1.315 en las últimas dos semanas.

El esquema de emergencia que lleva adelante el equipo económico es exactamente el opuesto al que implementó Alberto Fernández en las dos elecciones que hubo bajo su gestión. Tanto en 2021 como en 2023 se llevaron adelante los recordados “Plan Platita”, que consistía en volcar muchos pesos a la calle vía emisión monetaria.

Aquellas políticas buscaban generar un aumento de ingresos y de consumo de corto plazo, apelando además a la ilusión monetaria: considerar que los incrementos de ventas o de salarios son reales, cuando se trataba solo de mejoras nominales. Sin embargo, rápidamente esos pesos emitidos en exceso generaban un aumento del tipo de cambio y finalmente una aceleración inflacionaria.

La incógnita a develar del plan oficial es durante cuánto tiempo habría que mantener esta restricción de pesos, que no solo se llevó adelante con la nueva licitación del Tesoro de ayer, sino además con un ajuste de 5 puntos adicionales en los encajes bancarios.

La intención es que el resultado de las elecciones bonaerenses, que se llevarán adelante el 7 de septiembre, resulte favorable para el Gobierno. Sin embargo, es posible que la coalición LLA-PRO pierda o bien no saque una diferencia significativa.

En ese caso, es posible que la elevada incertidumbre se mantenga y haya que esperar hasta el 26 de octubre, que es cuando se consolidaría la presencia del Gobierno en el Congreso.

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