Al menos cinco de las principales cerealeras que operan en la Argentina trabajan para presentar una propuesta conjunta en el marco de la privatización de la concesión de la línea de trenes Belgrano Cargas que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La infraestructura ferroviaria tendrá un papel clave en el desarrollo del agro pero además en la minería, donde también hay empresas interesadas.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó en un comunicado que su presidente, Miguel Simioni, encabezó un encuentro con representantes de Bunge, Louis Dreyfus Company, Cargill, ACA y Aceitera General Deheza, “quienes informaron el trabajo que vienen realizando en conjunto para presentar una propuesta en el marco de la concesión de la línea Belgrano”.
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Las empresas mencionadas se encuentran entre las 10 principales exportadoras de soja del primer semestre, ventas que alcanzaron un nivel récord para ese período en el marco de la baja de retenciones que aplicó el Gobierno. “Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con un sistema ferroviario que impulse el desarrollo productivo, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos, como es el caso del Noroeste Argentino”, mencionó la BCR.
“También se coincidió en resaltar la importancia de finalizar la obra del circunvalar ferroviario de Santa Fe, que permitirá mejorar fuertemente la eficiencia logística”, agregó la entidad.
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Del encuentro también participaron el vicepresidente 1° de la BCR, Javier Gastaudo; el director ejecutivo, Javier Cervio; Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales; Julio Calzada, director de Información y Estudios Económicos; Alfredo Sesé, coordinador de la Comisión de Transporte; y Pablo Ybáñez, miembro del Área de Transporte.
El Gobierno avanza de manera decidida en la privatización de las ocho empresas que quedaron sujetas a ese proceso con la sanción de la Ley Bases. Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA)y Belgrano Cargas y Logística (BCYL) son dos de los casos que están más próximos a iniciar el proceso de retiro del Estado, según reconocieron a Infobae fuentes oficiales.
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En el caso de BCYL, el Poder Ejecutivo tomó una definición central: avanzar con una desintegración vertical de la empresa, que implica separar actividades y bienes de cada unidad de negocio. Se trata de un activo estratégico para el transporte de los principales cultivos del campo argentino y también para el desarrollo de las mineras. En las últimas semanas empresas como la gigante Río Tinto, entre otras, manifestaron su interés a funcionarios del Gobierno.
La compañía opera 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. El proceso es liderado por Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
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El Gobierno planea licitar la infraestructura de vías y concesionar el uso de talleres del BCYL, mientras que el material rodante se ofrecerá en venta a través de un remate público. Serán licitaciones abiertas a jugadores nacionales e internacionales. Este procedimiento abarcará a la totalidad de los tramos operados actualmente por las líneas General Belgrano, General Urquiza y General San Martín.
El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que el concesionario que se quede con la administración de las vías deberá permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar sus cargas a cambio de una tarifa.
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La determinación técnica exacta de los activos en juego depende de un relevamiento en curso, que evalúa el estado de las vías, talleres y otras infraestructuras, según se desprende del informe de gestión que presentó en junio en el Senado el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Mientras avanza la elaboración del pliego y el relevamiento de los tramos operativos, el Gobierno no maneja una política para la reactivación inmediata de aquellos sectores de las líneas que se encuentran actualmente clausurados. La eventual vuelta a funcionamiento de esos tramos clausurados requerirá estudios sociales y urbanísticos que, según indicaron en despachos oficiales, “exceden el plazo y el objetivo del proceso de privatización”.
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