Cómo avanzó la pelea judicial de la Argentina en EEUU por el fallo que obliga a entregar acciones de YPF

Dos semanas después de que la jueza neoryorquina Loretta Preska decidiera que la Argentina debe transferirle el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital para cumplir con la sentencia en su contra por USD 16.000 millones, el Gobierno apeló la decisión con la que la magistrada pretendía garantizar el pago del juicio que se tramitó en Nueva York por la expropiación de la petrolera. Pero no fue la única novedad en la pelea judicial que lleva adelante el país.

La apelación se presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que había avalado el fallo de primera instancia sobre la responsabilidad de la Argentina en el litigio originado por la estatización de YPF en 2012.

La jueza Preska había resuelto que el Estado debía entregar a Burford la totalidad de las acciones que posee en YPF, equivalentes a un 51% de la compañía. Según se detalló en la presentación de la defensa argentina, la apelación apuntó a evitar que se concrete esa entrega antes de que la Corte de Apelaciones revise la decisión. De acuerdo con fuentes oficiales, el Estado sostuvo que la transferencia de esas acciones causaría un perjuicio irreparable y que el fallo no contemplaba la inmunidad soberana de esos activos.

En la presentación judicial se argumentó que las acciones de YPF en manos del Estado se utilizan para implementar políticas públicas. Según el Gobierno, el traspaso a Burford significaría que ese fondo tome el control de la empresa, lo que supondría un riesgo estratégico para la gestión energética y para los derechos de los accionistas minoritarios. La apelación subrayó que el fallo de Preska se apartaba de precedentes que habían protegido a activos soberanos de embargos en Estados Unidos.

Mientras tanto, Preska convocó a las partes a una audiencia urgente para este martes 15 en Nueva York, con el objetivo de escuchar argumentos sobre la apelación. Según trascendió en la documentación judicial, la jueza pidió a los abogados del Estado argentino y a los representantes de Burford que expongan sus posiciones de manera oral. La audiencia servirá para que la magistrada decida si mantiene la orden de entrega inmediata o si la suspende hasta que se resuelva la apelación.

El fallo que motivó la apelación forma parte de la ejecución de la sentencia dictada contra la Argentina por la expropiación de YPF, por la que se fijó una condena de alrededor de USD 16.000 millones. Ese monto surgió de un litigio que se inició cuando Burford compró los derechos de litigio de los accionistas minoritarios de la petrolera que reclamaban una indemnización por la estatización dispuesta en 2012. Preska resolvió el año pasado que la Argentina debía pagar esa suma al considerar que no cumplió con la oferta pública de adquisición que preveía el estatuto de YPF.

En septiembre de 2023, la jueza Preska determinó la responsabilidad del Estado argentino en el juicio y estableció el monto de la condena. Luego, en junio de 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la sentencia en lo sustancial. Tras ese aval, Burford pidió ejecutar la condena y solicitó a la jueza embargar las acciones estatales de YPF, que constituyen la garantía principal del Estado para el pago.

El gobierno argentino decidió no quedarse sólo con la apelación en el Segundo Circuito. Según explicaron fuentes oficiales, si esa instancia confirmara la orden de Preska, el Estado ya analiza presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La posibilidad de escalar el caso al máximo tribunal norteamericano figura entre las opciones que el equipo jurídico argentino discute para evitar la entrega inmediata de las acciones.

En paralelo a la apelación, la administración nacional insistió en la inmunidad soberana de los activos estatales en el exterior. En sus escritos ante la justicia estadounidense, el Gobierno remarcó que las acciones de YPF sirven para garantizar el cumplimiento de políticas públicas y que no pueden embargarse ni transferirse sin vulnerar principios de derecho internacional. En la presentación se advirtió además que la entrega de ese paquete accionario podría generar consecuencias graves para la administración energética y para la economía argentina.

El juicio por la expropiación de YPF comenzó cuando Burford Capital compró en 2015 los derechos de litigio de los antiguos accionistas. Los demandantes argumentaron que la Argentina había incumplido el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública para adquirir las acciones restantes cuando decidió expropiar el 51% del paquete accionario en poder de Repsol. La ley de expropiación sancionada en el Congreso habilitó al Estado a quedarse con la mayoría accionaria de la empresa, pero el reclamo legal cuestionó la forma en que se implementó esa medida.

En las últimas semanas, tras la confirmación del fallo por parte de la Corte de Apelaciones, Burford avanzó con pedidos para ejecutar la sentencia. La orden de Preska para transferir las acciones generó una respuesta inmediata del gobierno argentino, que presentó la apelación con el argumento de que la entrega sería definitiva y ocasionaría un daño que no podría revertirse. El Gobierno remarcó en sus presentaciones que la acción judicial del fondo especulativo excedía la búsqueda de cobro y apuntaba a tomar el control operativo de la compañía.

El equipo jurídico argentino mantuvo consultas internas sobre los pasos a seguir en caso de que Preska confirmara la entrega. Entre las posibilidades consideradas, se mencionó recurrir con urgencia a la Corte de Apelaciones para obtener un stay formal que frene la transferencia, además de dejar abierta la vía a la Corte Suprema si fuera necesario. Fuentes oficiales insistieron en que el Gobierno va a explorar todas las alternativas legales para evitar que el fondo Burford adquiera las acciones.

El Estado nacional también señaló que, al tratarse de un litigio entre un fondo de inversión y un Estado soberano, existen aspectos de inmunidad jurisdiccional y de ejecución que deberían respetarse según el derecho internacional. En las presentaciones realizadas en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los abogados argentinos argumentaron que la jueza Preska no contempló de manera adecuada esas limitaciones.

Epígrafes:

• “El Gobierno apeló la orden de Preska para evitar la transferencia de acciones al fondo Burford.”
• “Preska convocó a una audiencia urgente en Nueva York para escuchar a las partes.”
• “El Estado argentino evalúa acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos si pierde en la apelación.”