Los negocios financieros en Argentina se ven condicionados por la suerte a corto plazo que tenga la petrolera bajo control estatal YPF, en medio de un litigio judicial centrado en Estados Unidos que podría ensombrecer el desarrollo de la empresa del sector más grande del país.
Al cierre, los papeles de YPF en Wall Street recuperaron solo un centavo, para terminar a 41,46 dólares, tras haberse desplomado 5,6% en la sesión del lunes.
El Gobierno argentino aseguró en la víspera que apelará el fallo de la Justicia estadounidense que ordenó al país a entregar su participación del 51% en YPF para cumplir parcialmente con una sentencia judicial por 16.100 millones de dólares a raíz de la expropiación hace más de una década.
Analistas financieros ven indefectiblemente la presión sobre los papeles de YPF, aunque no descartan oportunidades técnicas de recompras en base a los movimientos del Gobierno para alargar los plazos judiciales o eventualmente negociar un monto menor a pagar en instancias a venir.
“La administración del presidente Javier Milei no ha mostrado avances sustanciales en este aspecto, lo que retrasa cualquier posible acuerdo con los demandantes”, reportó el BancTrust & Company.
Sostuvo que “si bien este avance significativo en la fase de ejecución del caso podría cambiar el curso de acción de las autoridades, aún mantenemos nuestras dudas debido a su reacción inicial. Fundamentalmente, estas disputas sin resolver podrían obstaculizar, o incluso bloquear, el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capitales”.
La jueza federal Loretta Preska, del distrito de Manhattan, determinó que Argentina debe transferir sus acciones de la petrolera en un plazo de 14 días a una cuenta de custodia de Bank of New York Mellon e instruir a dicho banco a transferir las acciones a los demandantes en un plazo de un día hábil.
Este revés judicial hundió el lunes a los títulos accionarios de YPF en un 5% sobre la plaza de Buenos Aires y en 5,6% en Nueva York, a la espera de ver su comportamiento este martes, dependiendo de la confianza de los inversores.
Un abogado del gobierno de Estados Unidos le dijo a la jueza Preska que no debería ordenar a Argentina que entregue acciones del gigante del petróleo y el gas YPF a los demandantes que demandaron por la nacionalización de la compañía en 2012.
Damian Williams, el abogado del Distrito Sur de Nueva York que representa al gobierno de Estados Unidos, argumentó a Preska en una carta de Declaración de Interés que no debería obligar a Argentina a entregar sus acciones porque son propiedad de un gobierno extranjero y, por lo tanto, inmunes a tales solicitudes.
Williams advirtió que tal medida podría poner en peligro los intereses de Estados Unidos porque podría incitar a gobiernos extranjeros a intentar acciones similares contra Washington.
En septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos le dijo a Preska en una carta que está legalmente autorizado a enviar funcionarios del Departamento de Justicia a demandas relacionadas con los intereses del país, y que estaba evaluando enviar una Declaración de Interés, lo que hizo el miércoles.
Los antecedentes de YPF
En 2012, el Congreso argentino expropió el 51% de las acciones de YPF a la multinacional española Repsol, que era el accionista mayoritario en ese momento, dando al Estado el control mayoritario de la empresa. Tres años más tarde, Burford Capital compró los derechos de prueba de tres empresas que poseían parte de las acciones restantes: Petersen Energia Inversora, Petersen Energía y Eton Park.
Burford llevó a Argentina a los tribunales, alegando que el país no había hecho una oferta pública para comprar sus acciones de YPF cuando nacionalizó la empresa, incurriendo en pérdidas significativas para ellos como resultado.
En septiembre de 2023, la jueza neoyorquina Loretta Preska condenó a Argentina a pagar a los demandantes 16.100 millones de dólares por incumplimiento de contrato durante la nacionalización. En abril de 2024, la firma financiera pidió que se le entregara la participación mayoritaria del país como pago parcial de la suma adeudada.
El caso de expropiación está en apelación. La Corte de Apelaciones ahora debe pronunciarse sobre el caso, y en última instancia podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“La orden judicial solicitada por los demandantes y que requiere que Argentina entregue su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría las leyes bien establecidas de inmunidad soberana y no debería ser otorgada por la Corte”, se lee en la carta de Williams.
Argumentó que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés) no permite que se confisquen propiedades soberanas extranjeras a menos que estén ubicadas en los Estados Unidos. “En pocas palabras, las excepciones de la FSIA a la inmunidad de ejecución no se aplican a los activos fuera de los Estados Unidos”, dice la carta.
Burford había argumentado que, en virtud de las leyes de Nueva York que se aplican a los bienes que están en manos de un tercero sin autorización, los activos extranjeros pueden ser traídos a los Estados Unidos antes de determinar si están sujetos a esa inmunidad. Sin embargo, la carta decía que si ese fuera el caso, el requisito previo de la ley de que la propiedad soberana extranjera esté ubicada “en los Estados Unidos” para permitir su ejecución sería nulo.
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