
A partir del 1° de junio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán un incremento del 1% en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta actualización se enmarca en el esquema de revisión mensual de precios que aplica la empresa desde hace meses, y que acompaña el índice de inflación del mes previo.
La suba se aplicará sobre el valor vigente en mayo y afectará tanto a usuarios residenciales como no residenciales. En este contexto, una factura promedio mensual sin medidor se ubicará en $23.428. En el caso de los usuarios con medidor, el monto dependerá del volumen efectivamente consumido, pero la estructura tarifaria mantendrá la misma lógica de incremento porcentual.
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Desde el gobierno nacional explicaron que estas actualizaciones forman parte del plan para reducir progresivamente los subsidios al consumo de servicios públicos, en línea con los compromisos fiscales asumidos por la actual gestión. Según datos oficiales, AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que cada modificación tiene un impacto amplio en el entramado social y económico de la región.
Desde principios de año el topo de incrementos autorizado para la empresa estatal es del 1% mensual. Según expresaron desde AySA, el objetivo es avanzar hacia una estructura tarifaria más equilibrada, que permita mantener los niveles de inversión necesarios para el mantenimiento y expansión de la red, en un contexto de restricciones presupuestarias. Desde la empresa también destacaron que el consumo promedio por usuario se mantuvo estable en los últimos meses, lo que facilita proyectar ingresos futuros.
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El impacto del ajuste también se relaciona con la política de segmentación implementada desde mediados de 2022, que clasifica a los usuarios en tres niveles socioeconómicos: altos, medios y bajos ingresos. Esta segmentación determina la asignación de subsidios y el valor final que pagan los usuarios, aunque en la actualidad todos los segmentos reciben algún tipo de subsidio, incluso los considerados de altos ingresos, lo que genera debates sobre la equidad del sistema.
<b>Tarifas promedio mensuales sin impuestos (junio 2025)</b>
- Zonas de ingresos altos
- Casos: 534.517 (20% del total)
- Factura media: $27.617
- Zonas de ingresos medios
- Casos: 996.718 (37% del total)
- Factura media: $25.081
- Zonas de ingresos bajos
- Casos: 1.187.139 (44% del total)
- Factura media: $20.153
- Promedio general (todas las zonas)
- Casos totales: 2.718.374
- Factura media total: $23.428
Para los próximos meses, la continuidad del esquema de subas dependerá de la trayectoria de la inflación, aunque desde el Ejecutivo remarcaron que el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre ofrece margen para postergar otras actualizaciones, como las de electricidad y gas. No obstante, en el caso del agua, el criterio aplicado por AySA seguirá activo al menos hasta julio, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía.
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El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.
Además del efecto directo sobre los hogares, el ajuste tiene impacto en industrias, comercios y organismos públicos que dependen del suministro de AySA. Si bien estos sectores no reciben subsidios, el incremento también se limita al 1%, lo que evita un salto abrupto en sus costos operativos. Esta contención busca sostener niveles mínimos de previsibilidad para los sectores productivos en un contexto de recesión económica.
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El mecanismo de actualización por inflación se presenta como una solución transitoria, a la espera de que el gobierno defina un nuevo esquema de financiamiento para los servicios públicos. En ese sentido, en el Palacio de Hacienda analizan distintos modelos que incluyan participación del sector privado y mayor focalización de subsidios.
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