Dólares “del colchón”: el Gobierno busca apoyo de CABA y Provincia de Buenos Aires para “blindar” las medidas

El Gobierno busca apoyo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para blindar en el Congreso las medidas que anunció para impulsar el uso de dólares “del colchón”. El Poder Ejecutivo necesita la adhesión de las provincias si el oficialismo consigue pasar su proyecto de ley para reducir el plazo de prescripción de la ley penal tributaria.

Este jueves por la tarde el titular de ARCA, Juan Pazo, recibió al ministro de Hacienda porteño Gustavo Arengo y, en una reunión separada, al bonaerense Pablo López junto con Cristian Girard, titular de ARBA. Son dos jurisdicciones que no estuvieron presentes en el encuentro por videoconferencia que hicieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la mayoría de las gobernaciones el martes pasado.

”Fue una buena reunión. Queremos dejar en claro que desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos una actitud propositiva y que vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica, así como también eliminar burocracia", dijo Arengo tras el encuentro, al que fue junto con el titular de AGIP Germán Krivocapich.

“En este caso en particular, queremos primero analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal. Por tal motivo, en la reunión propusimos armar una mesa de trabajo a través de la cual analizar la implementación de estas medidas, además de otros temas pendientes entre la Ciudad y ARCA, y que beneficiarán a los porteños”, concluyó.

Pazo comunicó a los dos ministros que la semana que viene ingresaría al Congreso el proyecto de ley para cambiar las normas penal tributaria y de procedimiento tributario, una iniciativa que tendrá unos pocos artículos para cambiar los plazos de prescripción y el monto a partir del cual podría considerarse que hay delito de evasión tributaria.

También extendió una copia del convenio que deberían convalidar los gobernadores -incluso podría tener que aprobarlo cada uno en sus legislaturas- en el que se comprometen a no crear un “régimen paralelo” de información, a costa de que ARCA dejaría de enviarles datos tributarios.

Desde la provincia de Buenos Aires consideraron que la reunión se desarrolló en un tono cordial y que fue meramente técnica. “Desde la Provincia se destacó que ya se viene trabajando en una agenda de simplificación tributaria, entendida como un objetivo necesario, pero se remarcó la importancia de contar con mayor precisión normativa, ya que aún no se conocen los detalles del régimen”, mencionaron fuentes bonaerenses.

“En particular, se subrayó la necesidad de que cualquier esquema de blanqueo cuente con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional, a fin de garantizar la seguridad jurídica, especialmente en lo referido a la utilización de dólares no declarados”, plantearon desde La Plata. El Gobierno de Axel Kicillof también recibió la propuesta de convenio, en este caso a manera de adenda de un acuerdo ya vigente con anterioridad entre el fisco nacional y el provincial, pero esperarán detalles técnicos en los próximos días.

El Gobierno dependerá del acompañamiento de las provincias para avanzar con la ley que intenta sancionar en el Congreso. Esa norma funcionaría como un “cerrojo” ante futuras flexibilizaciones en materia de controles tributarios y permitiría establecer un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Los gobernadores ya manifestaron objeciones frente a los anuncios recientes y aguardan conocer los detalles del proyecto.

Con el objetivo de fomentar la adhesión, ARCA informó el lunes por la noche que invitará a las provincias a suscribir un convenio de intercambio de información fiscal en el marco de las nuevas disposiciones. “Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA (50.000.000 de pesos)”, indicó el organismo recaudador.

El oficialismo impulsa un proyecto que introduce modificaciones en dos puntos clave del esquema tributario: el umbral desde el cual el fisco considera que podría haber evasión y, en especial, el plazo de prescripción de esa eventual infracción. En este segundo aspecto, el Poder Ejecutivo exigirá que las provincias dicten sus propias normas para alinear los plazos con los establecidos a nivel nacional.

Hoy, el período de prescripción es de cinco años, pero la iniciativa oficial contempla su reducción a dos años. La intención del Ejecutivo es brindar mayor certidumbre a quienes ingresen al nuevo régimen del impuesto a las Ganancias y evitar que futuras administraciones puedan revisar transacciones pasadas y solicitar explicaciones sobre el origen de los fondos.

Este jueves Girard, cuestionó: “Hasta el momento no hay nada concreto a lo que adherir: lo único que anunciaron fue la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo que carece de sustento legal”. “Se apuraron. No sé cuál es la urgencia que tienen. O el ministro (Luis Caputo) no contaba con toda la información, o el presidente (Javier Milei) creyó que con su palabra alcanzaba. Pero no se modificó el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni las normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos”, dijo el funcionario bonaerense.

En ese sentido, recordó que “si alguien utiliza fondos no declarados para adquirir un bien, el Estado cuenta con cinco años para exigir el pago de los impuestos omitidos. Les guste o no, eso está establecido por ley”. “Vamos a escuchar, a ver qué plantean, qué proponen, a qué deberíamos adherir”, dijo sobre la reunión de esta tarde.

Desde la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, había asegurado que desde el gobierno de Maximiliano Pullaro “estamos de acuerdo con toda iniciativa que apunte a la reactivación económica y no tratar a todos los argentinos con una sospecha permanente”. “Lo que decimos es que todos esos regímenes de información que se dejan sin efecto o se flexibilizan, Santa Fe no tiene y no va a hacer ningún régimen que haga que ningún agente económico tenga que dar información”, aclaró.

En un primer encuentro de manera remota, estuvieron con Francos y Caputo los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua(Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, en un segundo llamado estuvieron Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).