Dólares “del colchón”: las provincias esperan la letra chica del proyecto de ley y el Gobierno las instará a adherir

El Gobierno necesitará que las provincias adhieran a la ley que busca aprobar en el Congreso y que actuarán como “cerrojo” para las medidas de relajamiento de controles tributarios y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Los gobernadores ya expresaron reparos a los anuncios de la semana pasada y esperan la letra chica del proyecto.

El lunes por la noche ARCA comunicó que convocará a las provincias a firmar un convenio de intercambio de información fiscal en el marco de las nuevas medidas para empujar a la adhesión. “Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”, planteó el fisco nacional.

El oficialismo trabaja en una iniciativa que cambie dos aspectos centrales de la legislación tributaria: el monto a partir el fisco considera que puede existir evasión impositiva y, más importante, el plazo de prescripción de ese potencial delito. Sobre este último punto, el Gobierno nacional requerirá que las provincias dicten sus propias normas locales que “armonicen” los plazos entre el fisco nacional y los subnacionales.

Actualmente, ese plazo de prescripción es de 5 años, y el proyecto de ley podría buscar una reducción a 2 años, con la lógica de que la Casa Rosada quiere ofrecer un reaseguro a quienes ingresen al sistema nuevo de Ganancias. De esa manera, se busca evitar que una próxima administración pueda volver sobre operaciones hechas años atrás para pedir justificación del origen de los fondos.

Desde el gobierno bonaerense aseguraron que las medidas anunciadas a nivel nacional “no introducen cambios en la normativa tributaria provincial ni en el funcionamiento de ARBA”. Subrayaron que no se registraron alteraciones en los mecanismos de control ni en las obligaciones fiscales en el ámbito de la provincia, y que los regímenes de información “continúan vigentes”.

En ese marco, señalaron que las disposiciones nacionales podrían tener un impacto patrimonial indirecto sobre tributos como el Inmobiliario, el Automotor o el de Embarcaciones Deportivas, en caso de que se declare un bien previamente no registrado. “Sin aprobación legislativa, muchas de las medidas anunciadas se presentan como promesas sin efecto jurídico pleno”, remarcaron.

También advirtieron que los contribuyentes que recurran a fondos de origen ilícito “siguen expuestos a las mismas sanciones previstas antes del anuncio” y que, en términos generales, no se observa un cambio sustancial en materia de prevención del lavado de activos ni en las obligaciones tributarias sustantivas.

“ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, sostuvo el titular de ARBA, Cristian Girard.

En la Ciudad de Buenos Aires fueron más cautos y plantearon que esperarán los detalles del proyecto. Fuentes de la administración porteña mencionaron estar “a la espera de que el Gobierno nacional presente la normativa referida a esta medida anunciada la semana pasada. Recién ahí se analizarán los pasos a seguir”.

En ese sentido, recordaron que todavía está pendiente de aprobación por parte de la Legislatura porteña del proyecto para adherir al blanqueo de capitales que sancionó el Congreso nacional el año pasado en el marco de la Ley de Bases. Ese blanqueo ya terminó, pero todavía sigue siendo relevante para los fiscos subnacionales para la determinación de los tributos de cada provincia.

Por su parte, desde la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, aseguró que desde el gobierno de Maximiliano Pullaro “estamos de acuerdo con toda iniciativa que apunte a la reactivación económica y no tratar a todos los argentinos con una sospecha permanente”. “Lo que decimos es que todos esos regímenes de información que se dejan sin efecto o se flexibilizan, Santa Fe no tiene y no va a hacer ningún régimen que haga que ningún agente económico tenga que dar información”, aclaró.

De todas formas, mencionó que la provincia tiene su propia iniciativa para perseguir posibles delitos de lavado de activos “desde la lógica criminal”, explicó una fuente de la provincia. “Vamos a recurrir a la ley de inteligencia propia, a crear un comité con cabeza en seguridad que reúna información de distintas fuentes, prescindiendo de ARCA pero arrancando desde otro lugar, no peinando información de todos (los contribuyentes)”, dijeron desde Santa Fe.

Una advertencia que plantearon desde esa provincia está relacionada con una potencial caída de recaudación de impuestos como IVA o Ingresos Brutos. “Ingresos Brutos casi tiene la misma base imponible que IVA, el contribuyente no te va a declarar algo en ARCA y en otra cosa en la provincia, suele declarar lo mismo. Puede llegar a pasar que al elevar el monto de información automática en efectivo, pueda facilitar la subfacturación y eso provoque menor declaración y menor recaudación. La inducción a subfacturar puede generar un efecto en cascada”, alertaron desde esa gobernación.

Al respecto, fuentes de la Casa Rosada indicaron que “las provincias deberían tender a apoyar porque implicaría una mayor recaudación de impuestos que se coparticipan”. En ese sentido, plantearon fuera de micrófono que “si algún gobernador quiere perseguir a los ciudadanos de bien verá las consecuencias y pagarán el costo de perseguir a los contribuyentes”.

El Poder Ejecutivo todavía redacta los cambios para la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario. Las dos se complementan con los anuncios por decreto y son postulados como un “seguro” legal para quienes ingresen al régimen simplificado de Ganancias.

Con ese proyecto de ley el Gobierno buscaría, por un lado, cambiar el monto a partir del cual existiría evasión fiscal. Desde 2017 ese número está fijado en 1,5 millones de pesos para el caso de evasión simple, algo que solo ajustado por inflación hasta la actualidad debería convertirse en unos 100 millones de pesos.