El contador tributarista Gustavo Diez cuestionó el alcance del nuevo esquema de “remonetización” anunciado por el Gobierno para canalizar dólares del sector privado hacia el circuito formal de la economía. En diálogo con Infobae en Vivo, Diez afirmó que, en la práctica, la propuesta oficial no tiene la cobertura legal necesaria, lo que implica un riesgo elevado para los contribuyentes que decidan adherir.
Se hace referencia a las nuevas medidas del Ejecutivo, donde una de las decisiones centrales para promover que se saquen los “dólares debajo del colchón” fue la derogación de varios regímenes informativos. Así, los consumos hasta $10 millones y toda clase de movimientos financieros de hasta $50 millones quedarán fuera del radar del Gobierno.
“Uno no puede salir a comprar con 50 mil dólares sin tener la posibilidad de que el fisco lo controle. Para eso hay que modificar la ley”, advirtió. Según explicó, sería necesario reformar de manera simultánea la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley Penal Tributaria y la Ley Cambiaria. Esta última, además, está sujeta a regulaciones del Banco Central, que si bien “también desreguló”, no elimina por completo la incertidumbre legal.
El proyecto no se presenta formalmente como un blanqueo, sino como un “régimen de flexibilización” o “remonetización”. Diez explicó que esta diferenciación obedece a una razón técnica: la ley del último blanqueo incluye una cláusula que impide volver a regularizar activos bajo otro régimen hasta 2038.
“Si ahora sacan un blanqueo, todos los que regularizaron con el blanqueo anterior no van a poder. Y hay mucha gente que regularizó solo hasta 100.000 dólares porque era gratis. Muchos pusieron 99.000 en el banco. El Gobierno apunta a ese segmento”, afirmó.
Advirtió sobre los riesgos de operar con dinero no declarado antes de contar con una norma legal protectora: “Si hoy una persona va y compra una propiedad de 200.000 dólares, todavía no hay ninguna ley que lo cubra”.
Además, Diez, quien se candidatea a presidente del Consejo Profesional de Ciencias de la ciudad de Buenos Aires, subrayó que el Estado dispone de un sistema de cruce de datos muy amplio, basado en regímenes de información sobre consumos, como expensas, seguros y colegios. “Por ejemplo, las expensas de cualquier inmueble deben ser informadas al fisco, lo mismo que los seguros de vehículos”, dijo.
“Si usted tiene un auto de alta gama, paga 300.000 pesos por el seguro, más el colegio de sus hijos 400.000, más las expensas 300.000, ya lleva un millón. ¿Puede ganar 800.000 pesos?”, planteó. “Ahí está el problema del incremento patrimonial”.
De sus clientes, Diaz recoge que la gente tiene temor porque no encuentra la norma clara. “Lo veo desde el punto de vista macro muy bueno, pero desde el punto de vista tributario, si uno tiene que aconsejar a un cliente que invierta, yo trataría de tener más seguridad jurídica, esperaría que salgan las leyes”, consideró.
Por último, afirmó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado las fiscalizaciones sobre contribuyentes de clase media a partir del análisis de estas inconsistencias: “El fisco trabaja muy bien, sinceramente. Porque hoy tiene mucha información”.
La provincia de Buenos Aires ya informó que no participará de la iniciativa del Ejecutivo. El titular de ARBA, Cristian Girard, también advirtió que el hecho que el Gobierno nacional decida no ejercer controles, no implica una condonación automática ni la eliminación de las obligaciones fiscales: “Si Nación no quiere controlar, que no controle, pero eso no quiere decir que los contribuyentes hayan sido eximidos del pago de los impuestos”.
Cabe mencionar que en las próximas elecciones para elegir al presidente del Consejo Profesional de Ciencias de la ciudad de Buenos Aires (CPCECABA), se enfrentan el economista Fausto Spotorno por la Lista Azul y el reconocido contado y tributarista Gustavo Diez por Lista Naranja, para ganar las voluntades de los 70.000 matriculados.
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