Hay una renovada expectativa en el extenso juicio por el que Argentina fue condenada en EEUU, en primera instancia, a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado de manera indebida la petrolera YPF, en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Por los intereses que corren hace más de un año, la cifra ya supra los USD 17.000 millones.
La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) presentó la semana pasada un recurso ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. A partir de esta solicitud, la magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen su opinión antes del martes.
El abogado Fernando Irazú, representante de la organización, explicó que la petición busca que el Estado argentino e YPF respalden los argumentos de la ONG. “Es fundamental que se reconozca la gravedad de la situación y se protejan los derechos de los argentinos”, afirmó.
El pedido se basa en la supuesta existencia de supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que finalmente terminó, años después, con la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol. El resto de los accionistas reclamaron que se debería haber realizado una oferta similar por sus tenencias, algo que no pasó.
Esas acreencias fueron adquiridas por la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park, dando origen a la demanda contra Argentina.
Mientras las partes involucradas se preparan para responder a la orden de la jueza, expertos legales coinciden en que la solicitud de RAFA enfrenta obstáculos significativos. La jurisprudencia estadounidense establece estándares estrictos para la reconsideración de fallos, especialmente en litigios comerciales internacionales.
RAFA argumenta que el proceso judicial ignoró elementos clave sobre el origen del proceso. La presentación de la ONG generó reacciones en el ámbito judicial y económico. El analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, destacó que estos cuestionamientos ya había sido parte central del juicio y que la jueza Preska determinó que no existían pruebas suficientes para anular el fallo. “Este intento de revisión es inviable porque la magistrada ya analizó los argumentos y descartó cualquier posibilidad de fraude”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, cuestionó la estrategia de RAFA. “Este tipo de recursos tienen la misma probabilidad de éxito que mandar al arquero a cabecear en el último minuto”, afirmó en su cuenta de X.
En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a Repsol, sin lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, como exigía el estatuto de la empresa. Sobre esta base, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, argumentando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Loretta Preska dictaminó que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park. La decisión se basó en la ausencia de una oferta pública de adquisición y en la consideración de que la expropiación generó un perjuicio a los accionistas.
El gobierno argentino, por su parte, mantiene su estrategia de apelación ante instancias superiores. La administración de Javier Milei considera que la condena impuesta por Preska es desproporcionada y que Argentina cuenta con argumentos sólidos para reducir la suma o revertir el fallo.
El desenlace del caso dependerá de la respuesta que presenten las partes antes de la fecha límite establecida por la magistrada. Si bien la petición de RAFA logró que la jueza solicitara opiniones adicionales, su viabilidad dentro del proceso judicial sigue siendo incierta.
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