Colectivos: las empresas reclaman al Gobierno una reunión urgente y dicen no tener plata para pagar los sueldos de diciembre

En estado de alerta, las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pidieron con urgencia una audiencia con los gobiernos nacional, bonaerense y porteño porque aseguran que no tendrán los fondos en los primeros días de diciembre para pagar el aumento paritario acordado salvo que haya un monto de subsidios más alto o se habilite una suba de tarifas.

El martes la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CAEP) envió pedidos de reuniones con las autoridades de transporte de Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, a días de que las líneas de colectivo deban pagar 80 mil pesos de aumento a los choferes ya que la negociación paritaria firmada con la UTA ante la Secretaría de Trabajo determinó que el salario básico suba a 1.140.000 pesos desde noviembre, a pagar en diciembre.

Ese convenio fue firmado y convalidado por la cartera laboral, pero hay una parte de esa negociación que quedó en una zona gris. Esto sucede, aseguran desde el sector privado, porque en la ecuación de estructura de costos que mantiene actualizada la Secretaría de Transporte, todavía no fue incoporado este incremento salarial que impactará en los próximos días en las cuentas de las compañías.

Eso podría suceder, de acuerdo a fuentes involucradas en la relación entre el Poder Ejecutivo nacional, incluso bien al límite de tiempo antes de que pueda asomar nuevamente un conflicto con el sindicato, como ya sucedió en otras instancias a lo largo de 2024. Las empresas tendrán hasta el cuarto día hábil de diciembre (esto sería el jueves 5) para abonar el sueldo con la totalidad del aumento, que estiman, en una cuenta de trazo grueso, en $6.000 millones para todo el sistema de colectivos del AMBA al multiplicar la suba paritaria para los 50 mil choferes contemplados.

“El sector se encuentra atravesando una de las peores crisis de su historia y un desfinanciamiento inédito que imposibilita el normal funcionamiento de las empresas prestatarias de los servicios”, mencionó el pedido de audiencia oficial de la cámara enviado al secretario de Transporte Franco Mogetta.

Y agregaron: “El agravamiento de la crisis resultante de la falta del reconocimiento de costos que determina el Estado Nacional, se traduce en la precarización de los servicios que se verifica en la mayoría de las líneas del AMBA y en la imposibilidad de afrontar los pagos comprometidos a los trabajadores, obligaciones de la seguridad social y previsionales, y otras de origen comercial de las empresas asociadas”, concluyeron.

El próximo paso debería ser, estiman entre los negociadores de las empresas, que Transporte haga pública la estructura de costos actualizada con la paritaria incorporada y que eso dé como resultado una cifra concreta. La disyuntiva que surgirá para el Gobierno en ese momento -algo que ya pasó en otros momentos del año- será habilitar un aumento del precio del boleto para que con ese incremento las empresas cubran el costo adicional, o bien hacerlo por la vía de nuevas partidas de subsidios.

Los efectos son variados de acuerdo a qué opción termine por elegir la Casa Rosada. El transporte público pesa un 4% en la ponderación total del índice de inflación que elabora el Indec, y el que corresponde a transporte automotor específicamente tiene una incidencia de 3,32% del total. Como comparación, tiene un peso mayor que otros como bebidas no alcohólicas, costos de electricidad, gas y agua, gastos de prepagas, telefonía o internet. Un movimiento de tarifas tendrá, entonces, un impacto en el IPC.

Si la decisión fuese aumentar la cantidad de subsidios, el gasto adicional que podría afrontar el Gobierno nacional rondaría, de acuerdo a fuentes privadas, a unos 6.000 millones de pesos solo con el aumento de diciembre (habrá otros en enero y febrero). Los cálculos que hacen en las cámaras es que el costo total que tiene el funcionamiento del servicio de colectivos es de unos 220 mil millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde a salarios. Y que el 70% de los gastos son al contado, entre los sueldos y el combustible, con lo cual el modelo por el cual funciona el sistema les da poco margen para financiar costos. “Este es el único negocio comunista que existe en un gobierno libertario, es todo planificación central”, ironizó una fuente sectorial. “El Estado mide cantidad de kilómetros, pasajeros, tarifa óptima, cuánto tienen que ganar las empresas. Hay una asimetría enorme”, agregó.

En los despachos oficiales todavía no confirman cuál de las dos alternativas elegirán, aunque mencionaron que “se dialoga con ellas (las empresas) y se les da los fondos correspondiente y la previsibilidad del tema”, plantearon. Entre las empresas creen que el Gobierno buscará no “comprarse” un conflicto de este tipo en los últimos días del año y que pueda afectar a millones de pasajeros del AMBA. Una fuente empresaria, memoriosa, recuerda que en gobiernos anteriores los aumentos de boletos se hacían unos días antes de las Fiestas o en los primeros de enero: “La gente está en otra”, justificó.

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA) hizo una medición propia para conocer cuál sería la “tarifa técnica o de equilibrio” en el AMBA utilizando como criterio la cantidad de pasajeros transportado con la metodología oficial vigente.

“Al mes de octubre de 2024, el costo del servicio por pasajero transportado, es decir, la tarifa sin subsidios es de $1.213 según los cálculos realizados por el IIEP (considerando el IVA transporte es de $1.340). Este valor debe contrastarse con el costo reconocido por el Estado Nacional que asciende a $927 y por lo tanto se observa una brecha del 31%”, indicaron. En lo que va del 2024 el boleto aumentó 601% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un aumento mayor al del gas natural (564%), agua (305%) o energía eléctrica (189 por ciento).