El Gobierno Nacional concretó hoy la derogación de 43 normas que, en su mayoría, establecían controles sobre precios, procesos comerciales y registros específicos en sectores estratégicos de la economía. Mediante las resoluciones 1212/2024, 433/2024 y 434/2024, el Ejecutivo busca simplificar los marcos regulatorios y eliminar disposiciones consideradas obsoletas o distorsivas. Esta decisión impactará en mercados como el de alimentos, telecomunicaciones e industria automotriz, entre otros.
Según justificaron desde el Gobierno, las normativas derogadas limitaban la libre competencia y entorpecían las relaciones comerciales. La medida se alinea con la intención oficial de reducir la intervención estatal en áreas donde las regulaciones ya no se consideraban necesarias o efectivas.
“Las resoluciones 433, 434 y 1212/24 del Secretario de Comercio Pablo Lavigne publicadas hoy derogan 43 normas restrictivas de la libertad comercial y permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente
Javier Milei. Vean las locuras que habíamos normalizado”, celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter).
Alimentos: el fin del control directo de precios
Uno de los cambios más significativos recae sobre el mercado de alimentos, donde se eliminaron normativas destinadas a regular precios en toda la cadena de comercialización. Entre ellas destacan la Resolución 1/2006 y la Resolución 38/2008, que imponían precios máximos para la carne vacuna, tanto en cortes industriales como de consumo minorista y mayorista. Estas medidas, implementadas hace más de una década, buscaban proteger a los consumidores de incrementos abruptos, pero también fueron señaladas por el sector privado como un obstáculo para la rentabilidad de los productores.
Asimismo, se eliminó la Resolución 26/2007, que obligaba a las empresas lácteas registradas a pactar los precios con el Gobierno. Esta disposición, aunque inicialmente buscaba coordinar el mercado de productos esenciales, había quedado rezagada frente a nuevas dinámicas del sector.
Por otro lado, programas más recientes como “Super Cerca” (Resolución 991/2021) y “Precios Justos” (Resolución 823/2022) también fueron dados de baja. Estas iniciativas pretendían establecer acuerdos de precios accesibles en comercios, pero el Ejecutivo argumenta que generaron distorsiones en las relaciones comerciales y no lograron cumplir con sus objetivos.
Servicios de comunicación: menos controles sobre la TV paga
El sector de telecomunicaciones y medios también fue afectado por la decisión gubernamental. La Resolución 50/2010, que fijaba las pautas para la comercialización de servicios de televisión paga, fue derogada. Esta norma establecía criterios estrictos para los ajustes de precios, que debían ser reportados al Estado. Según fuentes oficiales, su eliminación permitirá a las empresas del sector operar con mayor flexibilidad en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.
Otro ejemplo es la Resolución 1/2010, que obligaba a igualar los precios de comercialización del papel para diarios. Esta normativa, en su momento, buscaba fomentar condiciones equitativas para las publicaciones impresas, pero había sido criticada por su falta de adaptación a las transformaciones digitales de la industria.
Automotriz: simplificación en la homologación de neumáticos
Una de las medidas más concretas fue la derogación de la Resolución 25/2007, que regulaba la homologación de neumáticos. Este proceso requería cumplir con requisitos adicionales aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que se consideraron redundantes respecto a los establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor. Según el Ejecutivo, su eliminación reducirá costos para las empresas y acelerará el ingreso de productos al mercado, beneficiando también a los consumidores con precios más competitivos.
Programas en desuso y estructuras inactivas
El Gobierno también apuntó a eliminar normativas relacionadas con programas ya descontinuados o con poca aplicación en la práctica. Entre ellos destacan iniciativas como “Mercado en tu Barrio” (Resolución 1/2016) y el “Plan Productivo Verde” (Resolución 352/2021), ambos calificados como inactivos por las autoridades.
En el sector agropecuario, se derogaron medidas como la Resolución 684/2014, que otorgaba aportes no reintegrables a pequeños productores tamberos, y la Resolución 126/2015, que ofrecía estímulos económicos a pequeños productores de granos. Estas políticas, implementadas en contextos específicos de crisis sectorial, ya no cumplían un propósito en el escenario actual.
Además, se eliminaron estructuras burocráticas como la Unidad Ejecutora Especial “Argentina Productiva 2030″ (Resolución 236/2022) y la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (Resolución 487/2020). Ambas eran consideradas costosas y carentes de actividad concreta en los últimos años.
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