
El Gobierno aceleró el ritmo de ajuste del gasto público en septiembre, en un mes en que la recaudación cayó en comparación con la inflación anual, y llevó el recorte presupuestario general al orden del 30% en relación con el mismo mes del año anterior. Son las primeras cifras que el mercado empieza a recoger en base a datos oficiales. El equipo económico quedó con la meta fiscal comprometida ante el Fondo Monetario encarrillada para cumplirla con margen por el colchón de excedente fiscal que acumuló a lo largo de 2024.
Datos preliminares de la consultora Analytica dan cuenta de que continuó y se acentuó el declive en términos reales del gasto en el noveno mes del año. En este caso, la caída de septiembre contra el mismo mes del 2023 y el acumulado del tramo enero-septiembre coinciden en ese número de 30 por ciento de desplome. Se trata de información elaborada en base a datos del Presupuesto Abierto y que toma en consideración el gasto devengado, por lo que la diferencia metodológica hace que las cifras del informe mensual de la Secretaría de Hacienda no sean iguales.
En detalle, en septiembre los renglones del gasto más ajustados fueron obra pública (-73,1%), Transferencias a provincias (-58,1%), Programas Sociales (-47,4%), Bienes y Servicios (-43,1%) y Subsidios económicos (-38 por ciento). Por debajo del promedio quedaron Gasto en personal (-22,1%) y jubilaciones y pensiones (-9,3 por ciento).
El economista de Analytica Claudio Caprarulo analizó que empieza a verse, en los datos finos, una recalibración del peso del ajuste desde las jubilaciones, que tuvieron especial preponderancia en la primera parte del año en ese “aporte” al equilibrio fiscal y que luego fue en caída por la aplicación de la fórmula de aumento automático mensual por inflación; hacia otras partidas.
“A nivel agregado se mantiene un ajuste del gasto primario del 30% respecto a un año atrás pero se profundiza la modificación en la distribución del mismo. En septiembre, la caída interanual de las jubilaciones fue más baja mientras aumentó la referida a los subsidios económicos”, dijo a Infobae.
En los números acumulados de ajuste de los primeros tres trimestres esa diferencia se deja ver con mayor claridad. Mientras el ajuste del gasto primario fue de 30% en comparación con el primer trimestre de 2023, las erogaciones de jubilaciones fue recortado en 20 por ciento. De manera más pareja, transferencias a provincias (-70%), y obra pública (-78%) lideran en 2024, en términos de proporción del ajuste, el ránking de los renglones presupuestarios más apretados.
El 30% de ajuste del gasto de septiembre, siempre según Analytica, implicaría una aceleración. El mes anterior el ritmo de recorte fiscal había sido de 26%, mientras que fue de 27% en julio y de 33% en junio. Los puntos más marcados en lo que va del año fueron el 39% de reducción de gasto en marzo y en el otro extremo, un 22% de caída en abril.

El Gobierno quedó, tras el dato del estado de las cuentas públicas hasta agosto, conocido hace dos semanas, en zona de cumplimiento del piso de superávit fiscal estipulado para fines de septiembre. El Gobierno se hizo de un “colchón” de excedente fiscal a sabiendas de que septiembre fue un mes más exigente para el fisco, algo que quedó de manifiesto en el dato de recaudación que dio a conocer el martes la AFIP.
Por un lado, experimentó una menor recaudación por la reducción de alícuotas del impuesto PAIS, que retornó al nivel que tenían al momento del cambio de Gobierno y resintió así la recaudación tributaria. Como efecto compensador hubo un crecimiento de ingresos por medidas como la recomposición de Ganancias, la moratoria impositiva o el plan para anticipar el pago de Bienes Personales de los próximos cinco años.
Con el último dato disponible a agosto, el superávit primario acumulado fue de $8,7 billones. Así, quedó bien por encima de la pauta prevista en el programa. Ese excedente fiscal antes del pago de intereses de deuda -que es el número que considerará el FMI- está casi un billón de pesos por encima de la meta de septiembre.
La de pagos atrasados permite hasta casi 5 billones de pesos de deuda flotante para el sector público, medido como un promedio trimestral. Es un número que el FMI mira con atención porque suele ser un mecanismo para mostrar mejor performance fiscal demorando pagos. El último dato de agosto, publicado recientemente por la Tesorería General, indica que ese número creció $450.000 millones en comparación con julio y ascendió a poco más de 2,4 billones de pesos.
El sostenimiento de la recaudación, que en términos generales implicó una caída en comparación con la inflación por cuarto mes consecutivo, será un número clave para que el Gobierno pueda mostrar un buen desempeño de las cuentas públicas en lo que reste del año y así terminarlo con superávit fiscal. En el último trimestre de cada ejercicio presupuestario algunas partidas del gasto suelen acelerar su ritmo.
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