El Gobierno Nacional decidió llevar a cabo un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Criterios de suspensión
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Quiénes serán los afectados
Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.
Montos y requisitos para acceder a las pensiones
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
- no recibir otros ingresos del Estado
- no tener empleo formal
- contar con ingresos insuficientes
- ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país
- no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario
El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.
Proceso de revisión y consecuencias legales
El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.
El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.
Últimas Noticias
Dato histórico: por primera vez ninguno de los 10 autos 0 km más baratos está en el Top de ventas del mercado argentino
En agosto se da esta situación inédita gracias a la llegada de nuevos modelos accesibles al mercado. Solo dos vienen dentro del cupo exento de arancel de importación y el resto son vehículos nafteros
Ramiro Castiñeira: “Que crezcan las exportaciones es el mejor indicador de que crecerá el empleo y bajará la pobreza”
En diálogo con Infobae, el director de Econométrica destacó que la economía comienza a recuperar el crecimiento, aunque advirtió que todavía atraviesa un proceso de transición tras un siglo de economía cerrada y estancamiento. El ejemplo de los “tigres” asiáticos y China
Día del Niño: caen las ventas de juguetes, cierran comercios y las fábricas operan al 30 por ciento
El sector llega a su fecha más importante con menor demanda, exceso de stock y empresas que ajustan costos para sostenerse
Las variables a las que apuesta el sector de la construcción para salir de dos años de caídas
Un repaso de los factores que incidirán en la reactivación de la actividad y el empleo en las obras, tras una de las peores contracciones en el empleo formal y la producción desde 2023
Impuesto al deudor: la carga tributaria sobre los créditos puede explicar hasta un tercio del costo que pagan las familias
Un informe privado advierte que el peso fiscal nacional, provincial y municipal limita el acceso y encarece el financiamiento, en un contexto de alta morosidad
