El Gobierno nacional derogó tres resoluciones que obligaban a distintos sectores a presentar al Estado información que no se utilizaba, con el objetivo de reducir la burocracia que pesa sobre las empresas. Según resaltó un comunicado oficial, ya asciende a 72 la cantidad de normas eliminadas por la Secretaría de Comercio.
La resolución 226/2024 de la cartera conducida por conducida por Pablo Lavigne, y realizada en colaboración con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, derogó la resolución 65 del 11 de mayo de 1990, dictada por la ex Subsecretaría de Industria y Comercio, que obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de los cinco clientes principales.
Asimismo, se eliminó la resolución 62 del 26 de junio de 2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) originados debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. Esto regía tanto para personas físicas como jurídicas.
También, se derogó la resolución 176 de 2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio. Además, debían informar los precios de todos los servicios incluidos.
En los considerandos de la norma se indica: “Las derogaciones se llevaron a cabo con motivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una Administración Pública de procesos tendientes a su desburocratización y simplificación”.
“La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado, aumentando su rol intervencionista”, aseguró el comunicado oficial.
Entre dichas normas derogadas se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.
También, se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, “apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”. Y se eliminaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.
Otro caso es la Resolución N° 386 de 17 de septiembre de 2015 que creaba el programa “acceso de productos regionales argentinos en las grandes superficies de venta”, cuyo objetivo era promover la comercialización de productos regionales argentinos de consumo masivo, elaborados por las pequeñas y medianas empresas, en grandes superficies de venta de productos de consumo masivo.
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