Sin reactivación y con la mira puesta en el RIGI: la preocupación de la UIA y lo que negocia con el Gobierno

Mientras esperan que la economía comience a mostrar alguna señal de reactivación y que la segunda mitad del año sea más prometedora, crece la preocupación entre los industriales en torno a los impactos que tendrá en las firmas locales la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una vez que el Ejecutivo avance en la reglamentación. Según fuentes oficiales, se está trabajando para que el texto esté listo en las próximas dos semanas, pero el hermetismo en torno al contenido es grande y ello genera bastante ansiedad e inquietud entre los empresarios nacionales.

Desde la UIA se le planteó al Gobierno, en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el equipo productivo que lidera Juan Pazo, que si bien la Ley Bases -que incluyó al RIGI- había incluido algunos planteos de los industriales, el texto final quedó ambiguo en algunas cuestiones, por lo que era necesario aclararlo en la reglamentación. Pero hasta ahora no hubo demasiado espacio para la negociación y desde la entidad afirman que siguen pidiendo reuniones con los funcionarios para intentar influir en la normativa. El último encuentro fue la semana pasada con Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial, quien escuchó los planteos de la UIA pero no dejó entrever cuáles son las intenciones oficiales.

Uno de los pedidos gira en torno al artículo que hace referencia a lo que deben contener, como mínimo, los proyectos adheridos al régimen. Y plantea que deberán incluir un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación, especifica la ley sancionada. Sin embargo, esta redacción no convence a los industriales, ya que lo que se pretende desde la UIA es que ese 20% sea exclusivamente para bienes y/o servicios asociados pero que excluya la obra civil, que siempre es local.

Por otro lado, otro de los puntos que comenzó a preocupar a muchas empresas es el impacto que generará en sus respectivas actividades el hecho de que los proyectos adheridos al RIGI no paguen aranceles ni impuesto PAIS por los insumos que requieran importar, ya que las firmas ya instaladas en la Argentina sí deberán seguir tributando por esos bienes que compren en el exterior para producir. La Ley sancionada contempla que todos aquellas firmas locales que se conviertan en proveedoras de esos grandes proyectos RIGI también podrán importar insumos sin pagar aranceles, pero el resto deberá hacerlo. “Si lo hacen de buena manera, van a generar proveedores. Si lo hacen mal, el escenario puede ser peor que lo pasa ahora porque las multinacionales traerán todo de afuera. Esperamos que el Gobierno defienda el contenido industrial”, dijeron fuentes de la industria.

De todos modos, en la UIA hay una gran heterogeneidad y hay sectores como el petrolero, energético y minero, por ejemplo, que festejan la sanción del régimen y esperan ansiosos la reglamentación para destrabar muchos proyectos de inversión pendientes. Se trata de iniciativas cuyo monto oscilará entre USD 200 millones y USD 900 millones, según el sector (se especificará en la reglamentación), y las ventajas son enormes y de largo plazo.

Por ejemplo, durante 30 años, las exportaciones que surjan de los proyectos que ingresen al RIGI no pagarán retenciones; tributarán sólo 25% del Impuesto a las Ganancias; podrán tomarse a cuenta de ese impuesto el 100% del impuesto al cheque y gozarán de un mecanismo de compensación de los créditos fiscales de IVA durante la etapa de construcción. A su vez, en materia cambiaria, a partir del segundo año de iniciado el proyecto podrán dejar el 20% de las ganancias fuera del país; el 40% al tercer año y luego la totalidad. Cuando se trate de resolver un conflicto, los proyectos adheridos podrán acudir directamente al Ciadi o a la ICC.

En el Gobierno todavía no dan señales, ni a los propios empresarios, sobre cómo dirimirán este conflicto entre los grandes inversores y las firmas pymes nacionales que se ven amenazadas por el RIGI. Sí está claro, según pudo saber Infobae de diálogo con fuentes oficiales, que la prioridad serán los grandes proyectos y su impacto no sólo para el fisco sino para la generación de empleo y desarrollo de cada una de las zonas donde se radique esa inversión.

Mientras tanto, muchos sectores industriales manifiestan una gran preocupación por la marcha de la economía y la demora que se registra para observar algunos brotes verdes. La junta directiva de la UIA se reunió este martes y el equipo del Centro de Estudios Económicos (CEU) dio a conocer el informe de actividad industrial de mayo, que mostró una contracción del 14,3% interanual y de 0,6% respecto de abril. “El desempeño industrial del mes se vio influido por el menor nivel de demanda y aumento de costos en algunos sectores. Se trató así del doceavo mes de caída interanual consecutiva y, en lo va del año, la caída del sector industrial es de -12,8% interanual”, precisa el informe de la entidad.

También anticipa junio, que también será muy negativo, pero en este caso se vio afectado por la menor cantidad de días hábiles que tuvo el mes. La caída interanual persistió en la medición interanual y en la serie desestacionalizada, y se registran bajas importantes aún descontando el efecto de la menor cantidad de días, remarcó la UIA en el informe. “En julio podría verse alguna mejora relativa, pero no se ve un rebote. Lo que observamos es que el segundo trimestre fue un piso de la actividad; en el tercero debería repuntar, y en el cuarto dependerá de qué suceda con el tipo de cambio oficial”, precisó un dirigente.