
El ministro de Economía, Luis Caputo, analiza mantener sin aumentos las tarifas de luz y de gas durante todo el invierno, época en la que el consumo energético aumenta, las boletas son más altas y los subsidios también. El objetivo es apuntalar la desaceleración de la inflación y evitar más impactos en los bolsillos de los usuarios ante lo que el Gobierno considera es un mayor margen fiscal para hacerlo.
Esa posibilidad fue confirmada esta mañana por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. “Aún no tomamos ninguna determinación todavía, pero puede ocurrir. Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso del ajuste en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello, por decirlo de alguna manera”, explicó el funcionario.
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Con esas mismas premisas, Caputo había definido en mayo postergar los incrementos mensuales en los servicios de electricidad y gas natural por redes que la Secretaría de Energía había definido para sostener en términos reales las tarifas de transportistas y distribuidoras. Para este mes se pateó además el incremento del boleto de colectivo y la suba en el impuesto a los combustibles, con impacto directo en los precios en surtidor de la nafta y el gasoil.

La inflación de abril marcó una desaceleración al 8,8% después del 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre tras la devaluación. Sin embargo, el mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro servicios públicos, que saltó 35,6%, acumularon 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. La intención oficial es que el IPC general de mayo vuelva a mostrar una merma.
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Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios de residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) en el primer cuatrimestre se dieron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo 96 por ciento. Eso implicó que se duplicara el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste durante el Gobierno de Mauricio Macri.
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron desde la consultora de Martín Redrado.
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Sin embargo, aún dos de cada tres usuarios residenciales no pagan ni el 10% del costo pleno de la electricidad, por caso. En el gas los porcentajes rondan entre el 20% y el 30 por ciento. En la generación es donde se concentran los subsidios que paga el Estado.
La desaceleración sostenida en el ritmo de evolución del índice de precios minoristas del Indec es un activo que el Gobierno quiere mantener. Esta “prioridad” implica poner en pausa la hoja de ruta del ajuste fiscal tal como estaba prevista.
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La aspiración del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de una Canasta Básica Energética (CBE). Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y por ahora no es seguro que se aplique. Incluso se analiza en un esquema distinto para el mediano plazo.
Según pudo reconstruir este medio de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo y Chirillo. La triada mantiene contacto todas las semanas para calibrar la hoja de ruta.
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