Por la caída de ingresos y la suba de tarifas, los hogares destinan un porcentaje récord de su presupuesto a pagar la luz

La combinación de fuerte pérdida real de los ingresos de los hogares, que desde hace varios años pierden la carrera contra la inflación, con los fuertes ajustes en el precio de los servicios públicos arroja un resultado letal para el bolsillo de los argentinos. La proporción de los recursos del hogar que las familias deben destinar al pago de servicios públicos se encuentra en niveles récord de las últimas décadas. Es lo que se desprende de un informe reciente de la UADE según el cual el gasto en electricidad de los hogares representó en febrero último, por ejemplo, el 3,45% de un sueldo promedio desestacionalizado del sector formal. Ese porcentaje representa el valor más alto de los últimos 30 años, consecuencia del aumento significativo de las tarifas de servicios públicos y la caída del salario real en el último período.

De acuerdo a ese informe, los constantes cambios en las políticas aplicadas sobre los servicios públicos, desde los extremos entre subsidios exagerados acumulados por periodos prolongados, seguidos de recomposición abrupta de los precios en períodos breves) impiden encontrar un nivel de tarifas estables en el mediano plazo.

El trabajo tomó como fuente al Instituto de Economía (INECO), sobre la base de los datos informados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Trabajo de la Nación. Vale aclarar que, si bien la relación entre ingresos de los hogares y precios de los servicios públicos es récord, ese resultado se debe más al bajo nivel de los salarios que a un precio exageradamente alto de las tarifas. De hecho, en la década del ´90, cuando la energía no estaba subsidiada y tenía un precio alineado con las cotizaciones internacionales, esa proporción era incluso menor a la actual, con precios de los servicios que se empezaron a actualizar aceleradamente pero que, en términos relativos a la región, siguen baratos.

El costo es de USD 0,11 por kWh (hasta el año pasado, en marzo, la misma tarifa era de 0.04 centavos de dólar) y de USD 27,5 si se considera la canasta básica de 250 kWh, 35% más barata que la referencia.

En ese sentido, el estudio indicó que si bien es necesario una corrección tarifaria de los servicios públicos, los nuevos valores impactan dentro del gasto de los hogares, a la vez que el poder adquisitivo de los argentinos viene en caída, presionando aún más sobre este fenómeno.

En marzo de 2024, la tarifa de electricidad representó el 21% de la canasta básica total (CBT) que mide el INDEC. Tan solo dos meses antes, en enero, la misma tarifa equivalía al 10% de la CBT. Para mitigar el impacto en una tasa de inflación gradualmente en baja es que el Gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas previstos para mayo.

El análisis de la UADE no obvió que desde la crisis de 2001, se aplicaron políticas de subsidios a las tarifas como respuesta a la brusca devaluación que impactó en los precios y a la caída de los ingresos de los argentinos.

Esa política no se revirtió con el proceso de recuperación y crecimiento económico sino que las tarifas se mantuvieron congeladas durante años, lo que generó ,distorsiones primero en la estructura de costos del sector y luego en todo el sistema de precios de la economía. Recordó también que el primer intento de corregir ese desvío, a partir de 2016, no fue bien recibido por los consumidores y que los aumentos significativos en las tarifas de luz generaron rechazo en buena parte de la sociedad (amparos judiciales), ya que este tipo de consumo es inelástico (ante las variaciones en los precios, uno no pudo modificar su consumo con facilidad). Años después, la economía se enfrenta a un nuevo intento de normalización, en el que, por ahora, no se produjo una resistencia tajante.