
El Gobierno nacional y la oposición negociaron durante semanas la letra chica de la Ley Ómnibus, que finalmente será votada en Diputados en las próximas horas. En el camino fueron quedando decenas de artículos, algunos con cargas impositivas duramente cuestionadas, como las retenciones a las economías regionales, y otros con medidas que podrían impulsar la actividad de algunos sectores. Este último es el caso del Artículo 213 (182 en la versión original), que proponía una serie de beneficios a los cobros electrónicos para pequeños contribuyentes, pero que finalmente fue descartado.
Por eso, desde la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) reclamaron que el artículo vuelva a ser incluido en el proyecto antes de que sea votado en Diputados. “Este artículo era vital para apoyar a los comercios pequeños y medianos, permitiéndoles una reducción significativa en la carga tributaria asociada a las ventas por medios electrónicos hasta aproximadamente 16 millones de pesos mensuales (30.000 Unidades de Valor Adquisitivo)”, aseguraron desde el organismo a través de un comunicado.
“La derogación de este artículo representa un retroceso en los esfuerzos por fomentar un sistema financiero inclusivo y la digitalización de la economía argentina. Atacyc, que históricamente ha trabajado codo a codo con el gobierno para implementar acciones beneficiosas para los sectores más vulnerables de la sociedad como, por ejemplo, la devolución de impuestos, los planes de financiación con tasas de interés subsidiadas y el pago de planes sociales, ve esta decisión como un obstáculo para la digitalización de pagos, proceso que ya enfrenta desafíos significativos”, agregaron.
Asimismo, señalaron que las retenciones impositivas que afrontan los pequeños y medianos comercios son una de las principales trabas para la adopción de medios de pago electrónicos. En lugar de alentar a los comerciantes a adoptar tecnologías modernas, la eliminación del beneficio impositivo disuade la formalización de las transacciones, lo que conlleva a una menor trazabilidad y seguridad en las operaciones comerciales”, protestaron.
“Las tarjetas de crédito, débito y prepagas como medios de pago ofrecen ventajas insuperables, facilitando transacciones en cualquier comercio, en todo el mundo y en cualquier momento. La universalidad y la conveniencia de nuestros medios de pago son un salvavidas en situaciones urgentes y proporcionan una seguridad sin precedentes en comparación con el efectivo”, sumaron.

Desde la entidad indicaron que la digitalización de los pagos no solo mejora la formalización de la economía, sino que también proporciona una mejora en la seguridad y eficiencia de las transacciones. Además, indicaron, promueve un mayor acceso a los servicios financieros para todos los argentinos, contribuyendo al crecimiento y a la estabilidad económica del país.
Por todo esto, Atacyc solicitó a las autoridades reconsiderar la quita del artículo e invitó a seguir trabajando en forma conjunta en políticas que fomenten la inclusión financiera y la formalización de la economía, asegurando un entorno propicio para el desarrollo de los pequeños contribuyentes y el crecimiento sostenible del país.
Más voces
La decisión de eliminar el artículo de beneficios fiscales también fue criticada por la Cámara Argentina Fintech, que a través de un comunicado expresó “su profunda preocupación por la eliminación de las medidas de alivio fiscal para cobros electrónicos, que estaban incluidas en el proyecto de Ley de Bases”. La entidad consideró que la medida es crucial para la digitalización de la economía y, consecuentemente, la reducción del uso del efectivo. “Lamentablemente, el artículo 182 forma parte del Capítulo de Medidas Fiscales, cuya eliminación se trataría en el recinto de la Cámara de Diputados”, subrayaron.
“En la actualidad, la carga tributaria que enfrentan los pequeños y medianos comercios es uno de los principales obstáculos para la digitalización de los pagos. La eliminación de este beneficio impositivo sólo perpetúa esta problemática, que hoy desalienta a cientos de miles de comerciantes a aceptar el cobro digital para no verse afectados por elevadas percepciones impositivas, que en algunas provincias pueden llegar a superar el 10% de cada venta”, agregó el comunicado.
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